Las eléctricas recurren contra la instrucción que Barcelona aprobó para sancionarlas

La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), la patronal del sector eléctrico, ha presentado un recurso contencioso administrativo en el juzgado número 12 contra la instrucción que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en julio pasado con el fin de regular el papel de las empresas en relación con la pobreza energética. La instrucción era, en la práctica, una suerte de reglamento, que la Generalitat debería haber desarrollado, y que sigue pendiente, para concretar la aplicación de la ley 24/2015, contra la emergencia habitacional y la pobreza energética.

Unesa argumenta que la instrucción municipal se basa en la legislación autonómica catalana lo que, a su juicio, contradice una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que argumentaba que es competencia estatal. Pero eso colisiona con la realidad, ya que si bien la 24/2015 fue recurrida por el Gobierno y suspendida en la parte que afecta a los desahucios, la parte que atañe a la pobreza energética sigue vigente. Eso supone que no se puede cortar el suministro por impago sin confirmar antes que el cliente no tiene recursos, el llamado principio de precaución. Unesa recurrió a principios de noviembre contra el protocolo aprobado por la Generalita para desarrollar la parte de la pobreza energética de la 24/2015.

INDIGNACIÓN EN EL CONSISTORIO

El consistorio ha reaccionado al recurso con indignación. “Es una falta de respeto que choca con la garantía de los derechos fundamentales de las personas. Y un menosprecio a la legalidad catalana. Se trata de una ley impulsada por los movimientos sociales y avalada por el Parlament”, ha afirmado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, sobre la iniciativa de la patronal. “No es un recurso contra una instrucción municipal. Lo que Unesa dice es que no se da por enterada de que hay una ley catalana que está vigente”, ha agregado.

La teniente de alcalde ha calificado de “incomprensible” que las eléctricas “den la espalda” a dramas humanos. El más reciente es el de la mujer que falleció en Reus a causa del incendio que provocó una vela encendida. Le habían cortado la luz. El ayuntamiento culpó a Gas Natural, y viceversa. 

Ortiz ha subrayado la “disconformidad absoluta y la indignación” del consistorio: “Más que nunca es necesario un frente común. La instrucción sigue vigente y la seguiremos aplicando. Pero también creemos que esto nos da más argumentos para que vayamos todos juntos: la ciudadanía, los movimientos sociales, los municipios y la Generalitat”.

Cuando Ortiz presentó la instrucción, explicó que esta contempla un convenio que invitó a las suministradoras a firmar. En él se recogen las obligaciones de las energéticas y las sanciones que podrían sufrir por cortes irregulares o por no informar debidamente a los clientes. El texto contempla las multas previstas en el código de consumo, de hasta 100.000 euros en caso de falta grave.

CONVENIO POR FIRMAR

El lunes pasado, Ortiz amenazó a las suministradoras con dejar de pagar subvenciones a consumidores para que paguen facturas pendientes, por considerar que los privados deben pagar la mitad del coste que la ciudad asume en concepto de pobreza energética, unos tres millones de euros en total. A la vista de los hechos, no parece nada fácil que eso llegue a suceder.