Colau ordena multar a las eléctricas que desdeñen la pobreza energética

POBREZA ENERGETICA

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TONI SUST / BARCELONA

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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha firmado este jueves una instrucción que abre la puerta a sancionar a las compañías suministradoras que no hagan nada contra la pobreza energética. Empresas que ignoren la parte de la ley 24/3015 que atañe a esta cuestión, que no fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.

En puridad, el consistorio ya podría haber sancionado, y tiene por lo menos un expediente abierto, pero la ley 24/2015 presenta un problema de aplicación: no cuenta con un reglamento. La Generalitat no lo llegó a elaborar. La Admnistración autonómica no ha suscrito un convenio con las empresas, como les reclaman los promotores de la ILP que dio pie a la ley 24/2015. Así que la instrucción municipal persigue cubrir ese vacío, servir de reglamento, porque la ley, a falta de ese desarrollo, carece de la concreción necesaria.

La principal novedad de la instrucción es que contempla una multa económica por infracción grave a las empresas suministradoras de energía y agua que no firmen un convenio con el consistorio que determine sus obligaciones. Es una respuesta a la actitud que Colau denunció en abril, cuando amenazó con sancionar a las empresas y aseguró que la única ley que cumplían es “la del mínimo esfuerzo”.

Uno de los artículos de la ley 24/2015 establece la obligatoriedad de que se firmen esos convenios entre empresas y administraciones. Así que el ayuntamiento ha creado un convenio tipo que presentará a las suministradoras. Si estas hacen como hasta ahora, rehuir todo tipo de acuerdo, si no aceptan firmar el pacto, eso supondría una infracción grave. La multa impuesta es la prevista en el Código de Consumo, que en caso de infracciones graves va de 10.000 a 100.000 euros.

Si firman el convenio, también podrán ser sancionados en caso de cortes irregulares o por no informar a sus clientes

LA PROPUESTA DE ACUERDO

El convenio que se ofrecerá a las suministradoras ha sido redactado a partir de la aportación de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la de los servicios jurídicos del consistorio. La interlocutora de las empresas es la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz. Ella hará llegar a las eléctricas tanto la instrucción como la propuesta de acuerdo, que incluye aspectos que se antojan ambiciosos.

El convenio tiene por finalidad “combatir la pobreza energética, garantizar el suministro de los servicios básicos de electricidad, gas y agua, así como asegurar que este servicio se desarrolla con los criterios de calidad mínimos exigibles y que nadie queda excluido por razones económicas”, según reza el texto. El acuerdo tiene una duración prevista de cuatro años, el máximo posible, y fija obligaciones de las suministradoras y del ayuntamiento.

CONDONACIÓN DE LA DEUDA

El convenio establece que no se cortará el suministro a nadie en situación de riesgo de exclusión residencial, es decir, en situación de vulnerabilidad económica, aplicando así el principio de precaución. Para tal fin, se dicta una serie de normas, entre ellas, las que siguen. Las empresas deberán informar a sus clientes de sus derechos en cuanto a pobreza energética, y pedirles autorización para ceder sus datos a las administraciones con el fin de constatar si están en situación de exclusión residencial. Tendrán que advertir en el mismo documento de que si no reciben respuesta del cliente en 30 días, la empresa considerará que la autorización ha sido concedida y consultará la situación de la persona afectada con los servicios sociales antes de cualquier corte.

El convenio prevé que las empresas acepten “la condonación de la deuda acumulada, derivada de la imposibilidad de afrontar el pago de los suministros, de personas o familias en riesgo de exclusión residencial”. El acuerdo redactado por el consistorio fija la obligación de las empresas de promover los bonos sociales y la reducción de potencia de consumo, así como tender a que el coste de suministros básicos no supere el 10% de los ingresos de la unidad familiar.

El ayuntamiento fija como obligaciones para sí mismo varias normas de asistencia al cliente que no puede pagar, incluidas ayudas económicas y una campaña informativa sobre el convenio y las garantías que ofrece.

LA DEUDA Y LA CARTAS

Ortiz cita dos ejemplos de situaciones que el convenio debe erradicar. Por un lado, una carta que elaboró Endesa para asumir la petición municipal de que se informe a los clientes. La misiva les advierte de que si pasados 30 días un cliente no ha respondido a la solicitud de la empresa del permiso para consultar con servicios sociales su situación económica, entenderá que no hay autorización, y por lo tanto no harán la consulta antes del corte. “Tiene que ser al revés”, subraya la teniente de alcalde. El silencio tiene que ser interpretado como autorización, como prevé el convenio.

Otra carta: la que Gas Natural envió al consistorio reclamando 285.996 euros por cortes no practicados. “En ningún lado está escrito que la administración deba asumir ese coste”, afirma Ortiz. Como se ha dicho, el convenio prevé que las empresas condonen la deuda.