Gràcia impulsa un plan para reordenar el ocio y regular los albergues

La modificación del plan de usos de Ciutat Vella, pactada en abril del 2013 entre CiU y PP, dejó en la ciudadanía un regusto a turismo que todavía hoy complica las digestiones del gobierno de Xavier Trias. Quizás por eso, cuando ha llegado el momento de actualizar la norma que rige la vida administrativa de Gràcia, el ayuntamiento se ha esforzado en ventilar ese aroma, en dejar claro que lo primero son las personas, las de aquí, aunque el mal tal vez ya esté hecho porque en estos últimos años se ha multiplicado la oferta. El plan de usos del distrito se actualiza con un traje a medida en función de las necesidades de cada barrio, potenciando la actividad en las zonas menos explotadas y frenando la de las áreas más saturadas. Busca poner orden a las trampas de alojamientos sin regulación, como albergues y residencias, y lo hace con un proceso participativo insólito, de tres meses.

La concejala de Gràcia, Maite Fandos, desgranó ayer las claves de un documento que los vecinos aún no han podido analizar (ver página siguiente). Sí lo han hecho el resto de grupos municipales, en cuyas manos reside la posibilidad de pacto para que el proyecto se haga carne a principios del año que viene, a punto para poder ser blandido cara a las municipales de mayo. El documento pone fin a la norma vigente desde el 2005, que ya era una revisión de la original, sellada en el 2001. La primera medida, preceptiva en estos casos para evitar la picaresca, ha sido la de suspender la concesión de nuevas licencias que sean objeto de esta normativa, un veto que no se levantará hasta que el pleno dé por buena una redacción final.

Menos ocio nocturno

La modificación del plan de usos quiere, de algún modo, emular los objetivos que la ciudad se ha marcado para el manejo del abultado y creciente turismo: repartir mejor la oferta de ocio para que todos los barrios se beneficien y a la vez, que no sean unos pocos los que sufren los efectos negativos de la excesiva concentración. Para ello se han creado tres baremos de actuación. El primero se centra en la zona más saturada de la Vila de Gràcia, donde no solo se mantiene el veto a nuevos permisos de locales de libre concurrencia (restaurantes, bares, discotecas...) sino que se anula la posibilidad de traspasar un negocio de estas características. Es decir: si un bar cierra dentro del perímetro, no le podrá sustituir una licencia similar. Eso hará, resaltó Fandos, que la oferta disminuya, reduciendo las molestias vecinales, pero también podría dificultar la llegada de otra actividad por lo arduo que resulta adaptar un espacio con cocina.

La segunda zona, la de contención, permitiría abrir nuevos locales siempre que sustituyan a uno ya existente, esto es, siempre que no se incremente el número de licencias. Por último, el plan de usos marca las áreas genéricas, los barrios del norte de Gràcia en los que no se marca límite de aperturas porque la oferta es escasa. Quedan al margen, dentro de la categoría de zonas de tratamiento específico, el entorno del parque Güell y las plazas más concurridas de la Vila.

La nueva norma regulará los albergues, las residencias y los locales de comida preparada, tres nuevas modalidades que escaparon al plan vigente y que muchos han usado como atajo para introducirse en Gràcia aprovechando el boom del turismo. El distrito cuenta con 11 albergues, 10 de los cuales han abierto en los últimos cuatro años, y 46 locales de comida preparada. En sentido opuesto, el ayuntamiento facilitará la actividad de cines, teatros o museos, que con la redacción actual tienen muy difícil implantarse en estos barrios.

Lejos de la realidad

El candidato socialista, Jaume Collboni, lamentó ayer que CiU abra este debate «a nueve meses de las elecciones» y señaló que la propuesta demuestra que el gobierno «no conoce la realidad de Gràcia». Eduardo Bolaños (PP) señaló que esta propuesta «llega tarde», y lamentó que, como ya censuraron con la Barceloneta, se actúe «de forma reactiva cuando las demandas vecinales son un clamor». Isabel Ribas (ICV-EUiA) reclamó que también se ponga límite a los hoteles. CiU los deja al margen porque en Gràcia hay siete. Pocos, a su entender.