Mantenimiento de las luces de tráfico

El Govern tumba por segunda vez el concurso de semáforos de BCN

Coches y motos entran en el caso urbano de Barcelona tras superar un semáforo de la Meridiana, poco después del nudo de la Trinitat, el 23 de junio.

Coches y motos entran en el caso urbano de Barcelona tras superar un semáforo de la Meridiana, poco después del nudo de la Trinitat, el 23 de junio.

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL
BARCELONA

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La voluntad de ahorro, siempre legítima, puede no ser siempre el mejor camino para resolver la gestión de un servicio público. El ayuntamiento deberá repetir por tercera vez el concurso de adjudicación del control de los semáforos de Barcelona después de que el Govern haya dado la razón, una vez más, a una de las empresas que presentaron un recurso que en esta ocasión denunciaba un procedimiento que, a su modo de ver, no se ajustaba a la ley. Primero fue una insólita subasta que reventó precios y que rozó la baja temeraria al reducir el coste más del 50%. Ahora, el tribunal secunda el argumento de que la nueva convocatoria «no resultaba jurídicamente admisible», ya que se modificaron las bases respecto al procedimiento anterior.

El contrato en vigor venció a finales de septiembre del 2013. Desde entonces, el consistorio ha ido aprobando prórrogas a favor de las compañías que gestionan los dos lotes de semáforos de la capital catalana desde el año 2009. Si la tercera convocatoria es la definitiva, se espera que el traspaso pueda llevarse a cabo el 1 de enero del 2015, 15 meses después de lo previsto. En este tiempo, según señala el gerente de Seguridad y Movilidad, Joan Delort, «el servicio ha estado siempre garantizado».

Lo de gastar menos se explica a través de un informe que el ayuntamiento encargó  para «identificar potenciales ahorros en la contratación del mantenimiento de las instalaciones y sistemas de regulación del tráfico en la ciudad de Barcelona». El estudio lo elaboró la consultora Price Waterhouse Coopers por un valor de 17.990 euros más IVA (21.767,90 euros, aplicado el impuesto). La cantidad resultará familiar a los que conozcan un poco los entresijos municipales, puesto que a partir de 18.000 euros, la normativa obliga a convocar un concurso público. A pesar de amasar un superávit de 200 millones de euros en los dos últimos años, el gabinete de Xavier Trias consideró que en la gestión de los luminosos, de la que este diario se ha hecho eco desde noviembre, se podía arañar algo a los cerca de 12 millones licitados en el 2009 (ver cronología de la página siguiente).

SUBASTA INSÓLITA / Esa fue la razón por la que se apostó por la subasta, un método usado para contratar material de oficina, pero no para adjudicar servicios de tanta relevancia como el control de las señales. El alquiler de la plataforma informática que permitió la primera puja, que la Generalitat anularía poco después, costó a los barceloneses 12.100 euros. Calderilla si se compara con el presupuesto anual del ayuntamiento, de unos 2.300 millones de euros. Pero un dineral si se traslada al ámbito doméstico. Esta cifra, además, no sintoniza con las palabras del primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, que en la comisión de Seguridad y Movilidad del 22 de enero aseguró que semejante artilugio tenía «coste económico cero».

Delort sostiene que la segunda convocatoria se hizo «siguiendo el mandato de la oposición», que en esa misma comisión exigió arreglar una licitación «desastrosa» y «ejemplo de mala praxis». Teva fue una de las empresas que ganó el primer concurso, el de la dichosa subasta, y al quedar fuera del segundo proceso, presentó un recurso, como también hizo Acisa, cuya demanda no ha sido necesario estimar porque la primera ya ha tumbado la adjudicación. Una de las cláusulas que se incorporaron en la nueva convocatoria fue la de haber gestionado un determinado número de reguladores (las cajas que dan las órdenes a los semáforos) durante el último año. Eso dejó a Teva en la cuneta, y eso es lo que llevó ante el Govern, pues era un requerimiento que no estaba en el primer pliego de condiciones. Delort explica que en esta tercera tentativa se concretará que los doce meses no tienen por qué ser consecutivos, es decir, podrán haberse cumplido de manera intermitente en los últimos tres años.

Delort comparte cierta sorpresa ante la avalancha de recursos, puesto que, defiende, «estas condiciones se han reproducido de manera mecánica en los últimos 16 años y nunca nadie dijo nada».