Dimite el vicepresidente del Consorcio de la Mina por no realojar a familias

El vicepresidente del Consorcio de la Mina, Juan Carlos Ramos, ha presentado su dimisión por "la falta de respuesta política del Consorcio" a la crisis de vivienda que afecta a familias de varios edificios de La Mina, entre ellos el edificio Venus, que están pendientes de realojo desde febrero del 2015.

Ramos, según ha informado Efe, presentó su dimisión el pasado 14 de abril, aunque no le fue aceptada inicialmente por el alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau. Todavía no ha aceptado su decisión.

El Consorcio de la Mina, formado por los Ayuntamiento de Barcelona y de Sant Adrià de Besòs, la Diputación de Barcelona y la Generalitat, es el principal impulsor del octavo plan urbanístico del barrio de la Mina desde los años 80.

El proyecto urbanístico iniciado el año 2000, denominado Plan de Transformación del Barrio de la Mina (PTBM), ha contado con un presupuesto de 229 millones hasta el año 2015, e incluye como elemento esencial el derribo del bloque de pisos 'Venus', uno de los puntos más conflictivos del barrio.

UN COMPROMISO DEL 2002

El derribo incluía la reubicación de las 200 familias de dicho edificio, compromiso que asumió el consorcio en el 2002, aunque no se ha producido "porque no había dinero para realojar y reubicar", ha apuntado Ramos.

En diciembre del 2014, el consorcio obligó a llevar al pleno municipal el PTBM para que el edificio 'Venus' no fuera derruido,  no fuera derruidosino que se rehabilitase, pero en ese momento el gobierno municipal, del PSC, se había quedado en minoría.

El consorcio planteó en el 2008 reformar el bloque de pisos y realojar a los vecinos de Venus en unos nuevos pisos construidos dentro del PTMB en régimen de protección social, en los que cada familia pagaría 34.000 euros de media.

CONTROVERSIA

Esta modificación provocó controversia, ya que había familias que ya habían abonado su piso y no querían volver a pagar, y había vecinos en riesgo de exclusión social y de desahucio, por lo que no podían permitirse tal cantidad de dinero.

Frente a esta situación, la Plataforma de Entidades, con el apoyo de la oposición, llevó al pleno en febrero del 2015 una moción para que no se pudiese cambiar lo pactado, y seguir así con el plan inicial de tirar abajo el edificio Venus.

Aunque la moción fue aprobada por mayoría, los miembros del Consorcio, junto con la Agencia Catalana de Vivienda, abrieron una convocatoria pública en la que sortearon 236 pisos de protección oficial en toda Catalunya, pisos en principio destinados a las familias de Venus.

Asimismo, el consorcio abrió una convocatoria paralela en la que ofrecía 53 pisos en los edificios Venus, Marte y Levante entre las familias del barrio que estuvieran en riesgo de exclusión social, adjudicación que no se confirmó hasta septiembre.

Una de las vecinas afectadas, Tamara Medrano, fue la número 6 de las 53 familias que entraron en la adjudicación de los pisos: "vivo con diez personas -entre ellas sus padres, su marido y sus tres hijos- en un piso de 65 metros cuadrados desde hace 13 años, y mantengo a mi familia con 460 euros al mes", ha relatado a Efe.

SIN ACCESO A LA VIVIENDA

Pese a tener la vivienda adjudicada, los vecinos aún no han podido acceder a sus casas ya que la Administración no ha decidido si se derribará el edificio Venus, motivo que llevó al vicepresidente del Consorcio a presentar su dimisión.

Ramos (PSC) lleva ocho años de concejal del Área de Ciudadanía y Servicios a la Persona en Sant Adrià de Besòs, y ha afirmado a Efe que el objetivo de su dimisión es "ejercer presión" sobre el Consorcio y dinamizar la decisión política.

Ramos ha recordado que en diciembre del 2015 se debería de haber realojado a las familias e iniciado las reformas en los pisos de reubicación, proceso que se retrasó por los nuevos representantes de la Generalitat en el consorcio.

Ramos ha recordado que 190 familias restantes del edificio Venus llevan catorce meses pendientes de la decisión del Consorcio, y como acto de protesta se manifestarán este martes frente al Consorcio del Barrio de la Mina y frente al Departament de Treball.