El desacuerdo político amenaza al plan de alojamientos turísticos de Barcelona

Tras 10 meses de negociaciones y en plena recta final para su aprobación final, el plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) que debe regular el desarrollo de la oferta de camas turísticas en la ciudad sigue provocando desencuentros entre los grupos políticos. Los bastantes como para amenazar un acuerdo que permita su aprobación en el próximo pleno de este mes. Y la urgencia es grande porque el objetivo municipal es que la normativa esté en vigor antes de mitad de marzo, cuando finaliza la moratoria que pesa sobre Gràcia.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha comparecido este miércoles por la tarde para calmar los ánimos y asegurar que el diálogo sigue fluyendo para consensuar un plan que "evite la burbuja turística y el crecimiento descontrolado". Afirma que aún queda "partido y prórroga por jugar", ante la posibilidad de aprobarlo in extremis en febrero. Desde el martes los distintos grupos de la oposición han ido planteando exigencias de cara al apoyo o, al menos, la abstención con vistas a la luz verde al documento. 

El último y que ha provocado las explicaciones de Sanz ha sido la condición reclamada por Alfred Bosch, presidente del grupo municipal de ERC, de que sean los vecinos -mediante consulta popular- los que decidan "si hay que pagar para parar" proyectos controvertidos como los hoteles del Rec Comtal, de Drassanes y el macroalbergue juvenil de la Vila Olímpica. Se ciñen a estros tres, entre los muchos en marcha en la ciudad (con licencia o trámites previos a la moratoria global) porque están situados en la zona central, bautizada en el PEUAT como zona 1, donde está previsto el decrecimiento natural de plazas, y porque han generado protestas vecinales.

El ayuntamiento ha tratado de frenarlos con diversas estrategias (incluso pidiendo colaboración a la Generalitat para proteger como bien cultural las Drassanes en el caso de dicho hotel), sin éxito, ya que contaban con tramitación previa a la moratoria que impuso Colau poco después de alcanzar la alcaldía. 

DUDAS JURÍDICAS

La responsable de Urbanismo ha enfatizado que la propuesta final que se está redactando incorpora sugerencias de ERC y de otros grupos, pero no puede vincularse a esa condición de los republicanos. Y lo ha argumentado con tres razones. La más importante, económica, ya que ha estimado en unos 100 millones el coste de parar los tres proyectos mediante expropiaciones, un "dinero público" que tendría que compensar la responsabilidad patrimonial. Pero además ha admitido las "serias dudas jurídicas" que pesan sobre la operación. Y para más inri, ha considerado arbitrario dinamitar estos proyectos y no otros que también tienen impacto en la ciudad.

La respuesta no ha gustado a ERC, pese a que Sanz sí acepta la segunda condición de Bosch de crear un plan de choque más duro contra los pisos turísticos ilegales, que estima en unos 6.000. Pero las presiones llegan también desde la CUP que exige que el PEUAT sea más duro, mientras que CiU, Ciutadans y el PP quieren flexibilizarlo.

Las entidades vecinales que instan al ayuntamiento a reducir el turismo en la ciudad también han exigido hoy en un manifiesto que el plan se endurezca, ya que lo ven insuficiente en algunas zonas. También reclaman que se frene la expulsión de vecinos de algunas zonas. Por contra, las patronales del sector afectadas aducen lo contrario ante el peso económico que representa la actividad para Barcelona.