El colmo de la miseria

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL / BARCELONA

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El título define lo que ha venido sucediendo en un pasaje de la Verneda en los últimos meses. El colmo de la miseria. El relato policial habla de un hombre de 24 años, vecino de Sant Martí y de nacionalidad española, que en algún momento después del verano se dio cuenta de la llegada de un grupo de subsaharianos a una nave abandonada del barrio. Lejos de echar una mano, decidió extorsionarles y reclamarles 40 euros al mes. A cambio de nada. O sí: de evitar lo que sucedió el martes. Al no cobrar cuando a él le venía bien, a pesar de que el inmueble nunca fue suyo, decidió prender fuego a la fábrica cuando 14 de estos jóvenes estaban dentro. Algunos quedaron atrapados en el interior y solo pudieron evitar las llamas trepando por los tejados cercanos. Por suerte, y porque las autoridades llegaron a tiempo, no hubo que lamentar heridos, tan solo un tobillo torcido. Este callejón, muy cercano a los terrenos de la Sagrera, queda lejos de los asentamientos del Poblenou, lo que viene a demostrar dos cosas: que el fenómeno sigue muy activo en la ciudad y a la espera de una solución, y que se ha producido una cierta diáspora que dificulta su control.

Los Mossos d'Esquadra pudieron detener al joven, al que acompañaban otras cinco personas, en el mismo lugar de los hechos. Se le imputan los delitos de incendio, amenazas, coacciones, resistencia y desobediencia a la autoridad. En el momento del arresto, siempre según la policía, lanzó todo tipo de insultos racistas a los atemorizados inquilinos de la fábrica. No contento con su afronta verbal, rompió la ventana del coche patrulla. Los agentes también se llevaron a comisaría a la novia, de 20 años, tras su airada reacción al arresto de su pareja. Doce de los subsaharianos, todos por debajo de los 25 años, fueron trasladados a un equipamiento municipal donde ayer empezaron a ser entrevistados por los servicios sociales. El ayuntamiento, de hecho, tenía entre sus tareas pendientes desalojar el edificio tras verificar los bomberos a finales del mes de noviembre el delicado estado de la estructura.

Lejos del epicentro

Admite Manel Andreu, miembro de la red de apoyo a los asentamientos del Poblenou, que poco puede aportar a este caso concreto de Via Trajana, pues esta era una colonia de inmigrantes que la entidad no tenía controlada por una cuestión geográfica: linda con Sant Andreu, muy lejos del epicentro de este fenómeno, por debajo de la Gran Via. Sí puede, sin embargo, comparar el suceso con todos los casos con los que se ha encontrado desde que este colectivo de vecinos decidió, hace unos cinco años, ayudar a los subsaharianos que llegaban por decenas al vecindario, otrora hervidero industrial de la capital catalana. Cuenta que se han registrado casos de extorsión interna, esto es, entre jóvenes dentro de una misma nave ocupada, pero nunca había oído hablar de esta nueva figura de chulo inmobiliario, una versión insólita del realquiler de pisos ocupados. Andreu estaba al tanto de las historias de novatos, de cuando llegaba el nuevo y le hacían pagar un tanto por el suelo, el agua o la luz. La ley del más fuerte, o en este caso, la ley del que llega primero. Sucedía, por ejemplo, en la simbólica fábrica de la calle de Puigcerdà, desalojada en julio del 2013, en la que vivían cerca de 300 personas.

Desde que los Mossos actuaron hace año y medio en la nave nodriza de la ocupación del distrito, los asentamientos, comparte este voluntarioso vecino, «se han diseminado por la ciudad, lo que hace mucho más difícil controlarlos e incluso ayudarlos».Intentan pasar desapercibidos. Se han marchado al Raval, han ocupado pisos en la Mina. Incluso se han instalado en Badalona, al otro lado del Besòs. «Antes era fácil convocarles porque sabías siempre dónde encontrarles. Nos era muy útil para informarles sobre trámites o para repartir ayuda. Ahora quizás llamen menos la atención, pero el fenómeno está lejos de desaparecer». Eso es precisamente lo que anhela el ayuntamiento desde que se dio cuenta de que el tecnológico 22@ se convertía en refugio de seres humanos incómodos para la Administración. Consistorio y Generalitat han apoyado a la red de asentamientos para que la delegación del Gobierno diera papeles a un buen número de subsaharianos de cara a facilitar su inserción. Pero nada, y aunque han presentado recurso, por el momento no ha habido manera. Ahora los vecinos se plantean iniciar la vía del contencioso-administrativo, es decir, llevar el caso ante la justicia ordinaria.

Camino de la reinserción

El reto es doble: la vivienda y el trabajo. En lo primero se ha avanzado, puesto que 91 de los desalojados de Puigcerdà están dentro del programa municipal, que ya ha tratado 572 casos, que les brinda, cuanto menos, un techo y comida. Más de 30 están en proceso de «acompañamiento a la inserción», y 10 ya han sido regularizados. El talón de Aquiles sigue siendo el ingreso en el mercado laboral. Según el consistorio, solo siete de ellos tienen hoy un empleo, y ahí es donde la red de apoyo a los asentamientos reclama mayor esfuerzo y compromiso por parte de la Administración, porque aunque tengan una nómina facilitada por el municipio, suele ser por un periodo de un año, tras el que vuelven al punto de partida. Debería ayudar a ello el proyecto de poner en marcha una cooperativa de recogida de chatarra. Carlota Falguera, de la Assemblea Social del Poblenou, señala el tridente «vivienda, trabajo y papeles» como la única vía para dar salida a un problema que no desaparece aunque ahora quizás llame menos la atención.