La Barceloneta pide un plan de choque

La policía puede aliviar los síntomas, pero no cura la enfermedad de Barcelona. Así lo sienten los vecinos de la Barceloneta, tras la noche del miércoles con patrullaje reforzado y que transcurrió con calma pero que los afectados observan como un parche de efecto efímero. Las entidades vecinales tienen claro que el barrio marinero necesita un plan de choque, integral, para dar un giro al actual modelo turístico low cost que ha puesto en jaque la convivencia. Reclaman una actuación decidida por parte del ayuntamiento, que incluiría, entre otras, una oleada de inspecciones masivas en los edificios para determinar el volumen de la oferta ilegal de pisos turísticos, la erradicación mediante sanciones y cierres de esta, la reintroducción de estos cientos de viviendas en el parque de alquiler tradicional de la zona, la limitación del monocultivo comercial destinado al turismo de baja calidad y la promoción de un turismo de más calidad, centrado en la historia, la cultura y la gastronomía popular del barrio. Para poner altavoz a sus quejas, cientos de afectados volvieron a salir anoche a la calle.

Muchos años de conflicto con el turismo de borrachera han llevado a los vecinos a la conclusión de que la presión policial solo alivia ligeramente el conflicto, que vuelve a latir en cuanto se baja la guardia. Los cambios han de ser más en profundidad y con una estrategia de futuro. Aunque las movilizaciones han surgido espontáneamente y a título individual dada la extensión del problema a lo largo y ancho de la Barceloneta, las entidades vecinales también avalan la rebelión. Desde la combativa L’Òstia lamentan que se haya primado el negocio al uso residencial. Una de sus dirigentes, Lourdes López, insiste en la necesidad de desinflar la espiral especulativa que expulsa al vecindario de siempre. "Las inmobiliarias nos acosan ofreciendo dinero a inquilinos o propietarios por irse, o convenciéndoles del negocio turístico", arremete. Y cree que las agencias que gestionan cientos de pisos son las principales beneficiarias de la explotación.

Por eso, reclaman la "abolición de los pisos turísticos" a los que culpan de la inflamación del fenómeno del 'low cost'. En pequeños pisos de 35 o 40 metros es habitual que se concentren unos cuantos jóvenes, con ganas de pasarlo bien llevando la juerga a casa. En este sentido, la Associació de Veïns de la Barceloneta sugiere la elaboración de un censo previo o una radiografía real de la situación en el barrio. "Hasta ahora hemos de ser los vecinos los que denunciemos y demos direcciones al ayuntamiento, lo normal sería que fueran ellos quienes tomaran la iniciativa de hacer cumplir la ley", mantiene su presidente, Oriol Casabella. Para facilitar esta ofensiva, no obstante, ayer iniciaron una campaña masiva de denuncias pero bajo la firma de las asociaciones. De ese modo, muchos perderán el temor que tenían a dar su nombre y DNI.

Multas desde 9.000 €

Y es que en el apartado del alojamiento, el plan de usos ya prevé no otorgar ni una nueva licencia más, tras poner el tope en las 72 legalizadas hace unos años. Pero la norma sirve de poco si no se actúa con contundencia contra la oferta ilegal, opinan. "La ley permite multas de 9.000 a 90.000 euros, si se impusieran a todos los que la incumplen los pisos desaparecerían", argumentan. Y agregan que es necesario erradicarlos lo antes posible para frenar la degradación. En este sentido, el mismo líder vecinal alude a fomentar el uso social de estos cientos de pisos turísticos, en una zona castigada por la crisis y que también suma desahucios. O, como mínimo, urgen a devolverlos al mercado tradicional del alquiler para permitir que los jóvenes del barrio puedan seguir en él. En la actualidad, la preferencia de muchos propietarios son los alquileres turísticos, que pueden quintuplicar los ingresos normales.

Otro efecto colateral de ese turismo de borrachera que llega con el reclamo de alojamientos a pie de playa a precios asequibles –siempre y cuando se les dé la máxima ocupación– es la tematización de la oferta comercial. Ambas entidades vecinales lamentan la extinción de tiendas de proximidad que de la noche a la mañana pasan a ser colmados (donde el alcohol tiene presencia destacada) y bazares (llenos de suvenires), locales de 'fast food', negocios de alquiler de bicis y patinetes para viajeros y agencias inmobiliarias. "Se pagan alquileres de hasta 16.000 euros al mes que frenan cualquier otro tipo de comercio", lamenta López. Por eso, defienden una moratoria de licencias o limitación de algunos tipos de actividad en calles saturadas.

Más complejo resultará reconducir el modelo turístico. Pero creen que cuentan con recursos suficientemente atractivos, centrados en la historia, cultura, tradiciones y gastronomía de la zona (también en extinción en su versión más auténtica), para atraer a otro tipo de viajero, no masivo y con respeto al entorno. Revalorizar ese pasado marinero y sus particularidades. Recuperar al visitante "de toda la vida", que contribuía a la economía local.