Barcelona busca edificio para abrir el primer albergue destinado a drogadictos

Dos hombres que acababan de consumir heroína dormían el pasado miércoles en una de las mesas de la sala Baluard, en Ciutat Vella, el primer centro de venopunción que se abrió en Barcelona, en el 2005. Junto a ellos, unas estanterías repletas de maletas. Y en su interior, todas las pertenencias de algunas de las personas que menudean este equipamiento de Ciutat Vella. Según cifras del ayuntamiento, más de la mitad de los usuarios son personas sin hogar. Y por eso, porque la calle no es buena compañera de terapia, porque el consumo en la vía pública no beneficia a nadie, el consistorio busca un edificio en el que instalar el primer albergue municipal para drogadictos.

El asunto no es una invención del gobierno de turno, porque ya en tiempos de Jordi Hereu, los responsables del área de salud, controlada por ICV (la comisionada era Isabel Ribas y el concejal del ramo, Ricard Gomà), pusieron sobre la mesa la necesidad de disponer de un espacio en el que los adictos a algún tipo de droga pudieran pasar la noche. Gemma Tarafa, actual comisionada de Salud, confía en poder lograrlo "antes de que termine el mandato", en mayo del 2019.

Textualmente, el plan de drogas vigente, que vence este mismo año, propone la "creación de un centro de alojamiento y atención para personas enfermas drogodependientes en situación de exclusión social". Y lo que es más curioso, según señalan fuentes de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), es que el dinero está reservado, y que el problema, en todo caso, es "técnico y logístico". Básicamente, se trata de encontrar la ubicación. 

TALLERES OCUPACIONALES

Los internos del albergue (la estancia mínima sería de unos tres meses), podrían entrar y salir con total libertad, las habitaciones serían de dos personas y lo podrían usar tanto hombres como mujeres. Contaría, en una estancia a parte, con una sala de consumo controlado. También está previsto que el centro ponga a disposición de los enfermos talleres ocupacionales que consoliden su estancia, todo ello, según explica Teresa Brugal, la máxima responsable del servicio de prevención y atención a las drogodependencias de la ASPB.

La lógica invita a pensar que se instalará en Ciutat Vella. El drogadicto suele consumir la mercancía, como mucho, a 10 minutos del lugar en el que la adquiere. A día de hoy, el 80% de las jeringuillas halladas en la calle se recogen en este distrito. Tarafa, que insiste en que la ubicación no está decidida, niega que tenga que ser esta la zona elegida. "No queremos cargar según qué barrios", señala. Si es así, si la idea es descentralizar el servicio, Ciutat Vella podría quedar descartado.  

El albergue -solo Bilbao cuenta con un servicio similar, a pequeña escala- tuvo un primer intentó en la etapa socialista con una nave industrial del 22@, pero el propietario, un particular, acabó alquilando el espacio a una empresa dedicada a la producción de cine. Más tarde, ya en la era de Xavier Trias, surgió la posibilidad de instalarlo en un edificio de la calle Dos de Maig. Pero un permiso que debía llegar de Madrid nunca cruzó el Ebro y el plan volvió a aparcarse. "También es cierto que había que atender otras prioridades", señala Brugal.

Con el mismo objetivo que persigue este plan, el horario de la sala de Sant Pere Més Baix, abierta en septiembre, ya fue recientemente ampliado hasta la medianoche. 

PASAR DESAPERCIBIDOS

El proyecto deberá pasar antes por el filtro social. Y si las salas de venopunción históricamente ya han generado un sonado rechazo, un albergue de drogadictos no parece que vaya a tener mejor suerte. En la memoria, el año y medio que los vecinos de Vall d'Hebron se pasaron cortando la Ronda de Dalt todos los miércoles porque no querían la narcosala. Hoy, si se les pregunta, muchos dirán que ya está cerrada. No lo está. Simplemente, pasa desapercibida. Quedó demostrado que no generan un efecto llamada al narcotráfico y que no incrementan el consumo en la zona colindante.

"Hay ciertos equipamientos, como un tanatorio, una prisión o, en este caso, una servicio de atención a drogodependientes -señala Tarafa-, que generan rechazo. Somos conscientes de ello y sería engañoso pensar que no pasa nada. Hay que trabajar bien el tema de los vecinos". Por eso está previsto, una vez elegida la ubicación, una "intensa labor de información y comunicación" para romper con los estigmas y amansar los miedos.

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