Balañá exige 10 millones por la prohibición de las corridas de toros

El Grupo Balañá, propietario de la Monumental, reclama a la Generalitat unos 10 millones de euros por lucro cesante y en compensación por la prohibición de las corridas en Catalunya desde el 1 de enero del 2012. La Comisión Jurídico Asesora de la Generalitat tiene sobre su mesa la propuesta de la Conselleria de Economia, que es «infinitamente más pequeña» que la que reclama el grupo empresarial familiar, según fuentes conocedoras del proceso. No se descarta incluso que se rechace cualquier tipo de indemnización, teniendo en cuenta los precedentes.

El organismo dependiente de Presidència dispone de alrededor de un mes para tomar una decisión final sobre el asunto, según aseguran fuentes oficiales. Hasta la fecha se han rechazado 28 de las 29 peticiones recibidas, entre ellas las de la empresa salmantina Funciones Taurinas (Casa Matilla), explotadora del coso. La suma de todas las reclamaciones ascendía a unos 24 millones. Solo queda pendiente la de Balañá, que supone los 10 millones citados.

En el verano del 2012 se rechazaron 27 de las 29 quejas presentadas y quedaron solo por tramitar dos: la de Balañá y la de Casa Matilla. Esta última fue desestimada por la Generalitat en noviembre pasado y la empresa presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Previamente se habían desestimado exigencias planteadas por 12 toreros, empresas de transporte de ganado y de publicidad, entre otras.

Recurso del PP ante el Tribunal Constitucional y posibles juicios al margen, la reclamación del Grupo Balañá es pues el último fleco que queda por solucionar de la controvertida abolición de la tauromaquia en Catalunya. La empresa declinó ayer pronunciarse sobre la negociación con la Generalitat y sobre sus planes para el futuro de la ahora mismo infrautilizada plaza.

EDIFICIO CATALOGADO / «La Monumental es propiedad privada. Son los Balañá quienes deben mover ficha. Hasta ahora no nos han comunicado qué tienen decidido para el futuro del inmueble», explicó por su parte un portavoz del área de Patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio es consciente de que una actuación en este edificio debería responder «a una reflexión global de ciudad, ya que se trata de una pieza emblemática, de grandes dimensiones y con buena ubicación».

Y que está desde 1987 en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico Historicoartístico de Barcelona en el nivel de protección B, lo que significa que se trata de un Bien Cultural de Interés Local, decidido por el ayuntamiento y ratificado por la Generalitat. Ello implica un alto grado de protección, ya que es obligado el mantenimiento y no es posible su derribo. Se encuentra en el segundo escalón de cuatro posibles niveles. La cualificación de equipamiento es la 7ª, lo que permite un amplio abanico de usos «culturales, lúdicos o deportivos», precisa el portavoz.