Los okupas vuelven a instalarse en un lujoso inmueble del Raval

Cada barrio tiene un edificio del que todos los vecinos hablan. Porque el propietario es un tipo muy raro al que se adjudican costumbres intrigantes, porque se oyen ruidos extraños o porque lleva años vacío y nadie sabe por qué. En el Raval, ese inmueble sombrío (bien es cierto que esta zona de Barcelona cuenta con más de una finca peculiar) está en el cruce de la ronda de Sant Pau con la calle de las Flors. Se trata de un bloque construido en 1992, del que nunca se ha vendido una sola de las cinco viviendas de lujo de 200 metros cuadrados cada una y que en los últimos cuatro meses ya ha sido ocupado en dos ocasiones -la última vez, el pasado 23 de agosto- por un grupo de una treintena de jóvenes.

La empresa propietaria, la promotora inmobiliaria Camats, ya ha denunciado los hechos y está a la espera de que un juez envíe a los Mossos, tal y como ya sucedió el 18 de mayo tras el primer desembarcookupa que duró poco más de un mes. Un portavoz de la compañía lamentó ayer la «impunidad» con la que actúa este colectivo y aventuró que podría tratarse de la misma comunidad de antisistemas con los que ya lidió meses atrás.

Una de las chicas instaladas en el inmueble y que responde al nombre de Maria aseguró ayer a este diario con gran solemnidad que por ahora no piensan hacer declaraciones y que, cuando tengan algo que decir, ya se pondrán en contacto con los medios de comunicación. Mientras, habrá que apañarse con una pancarta en el balcón: «Gente sin casa, casas sin gente. ¿Cómo se entiende?».

Tras el primer desalojo, la propiedad tapió los accesos, lo que no ha evitado que la historia se repita. «Son profesionales. Si quieren entrar en un edificio, saben perfectamente cuándo y cómo hacerlo», apuntó el portavoz de la promotora, que cifró en cerca de 30.000 euros los daños de lainvasiónanterior.

PROMOTORA EXPEDIENTADA / Tras 18 años con el cartel depisos en venta,Camats estudia dar otras salidas a la finca. La fórmula no está definida, pero no se descarta dividir los pisos o convertirlos en apartamentos turísticos. En 1997, Patrimonio abrió un expediente a la empresa por no respetar unos restos de muralla durante la construcción, lo que retrasó la concesión de la licencia correspondiente hasta el 2001. Nueve años después, los únicos que visitan el edificio con asiduidad son los okupas.