CONFLICTO INSTITUCIONAL
Así presionó Asens a la abogada para que desoyera a la Guardia Urbana
La crisis institucional entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana empezó el viernes por la tarde, después de que pasara a disposición judicial el mantero detenido por golpear con un palo a un agente en la cabezagolpear. La cúpula de la Urbana, cuyos intereses están defendidos por la abogada Paz Vallès, del despacho Molins i Silva, no tenía dudas sobre la gravedad de la agresión al agente y, por eso, acordó pedir prisión preventiva para el arrestado. Minutos antes de concretar ante la magistrada su decisión, sonó el teléfono de Vallès. Era el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens.
LAS LLAMADAS
Ni Asens ni Vallès han querido hacer ninguna declaración. Pero según fuentes conocedoras de la conversación, el edil hizo saber a la abogada que el ayuntamiento no se podía permitir pedir cárcel para un mantero. Vallès le respondió que pretendía adherirse a la petición de la fiscalía, que solicitaba esta medida cautelar, porque así lo había indicado la cúpula del cuerpo policial. Asens replicó que ella trabajaba para el ayuntamiento y que el consistorio prefería tener que afrontar una manifestación de urbanos que de manteros.
La abogada se puso entonces en contacto con su despacho. Este a su vez llamó a la Guardia Urbana para comunicar la llamada de Asens. Los mandos policiales, sorprendidos, se ratificaron en su petición de prisión preventiva. La letrada recibió la indicación de seguir con lo acordado. Volvió a sonar su teléfono móvil. De nuevo, Asens.
El edil le aseguró que podía ponerle directamente con la alcaldesa Ada Colau para que escuchara de su voz la voluntad del consistorio. Vallès, que sabía por sus jefes que la Urbana no había cambiado de opinión, hizo caso omiso y pidió, como la fiscalía, prisión preventiva para el mantero. La jueza aceptó la petición.
Fuentes municipales sostienen, en cambio, que Asens no llamó a Vallès para coaccionarla y que su contacto no fue intrusivo. Según esta versión, como Asens fue quien definió los criterios que debían guiar al ayuntamiento para presentarse en cada acusación particular, la llamada no fue más que un contacto entre "dos abogados" (Asens también es letrado). Así, el teniente de alcalde, solo habría querido averiguar si la abogada se planteaba pedir medidas menos gravosas que la prisión preventiva, como obligar al mantero a presentarse semanalmente.
TORMENTA POLÍTICA
La injerencia de Asens desató una tormenta dentro de la Guardia Urbana. Tal ha sido el malestar generado que el intendente mayor, Evelio Vázquez, el máximo responsable, se planteó presentar su dimisión. Una idea que finalmente ha desechado. El revuelo causado ha llevado a Vázquez a convocar un gabinete de crisis en la sede de la calle de Lleida este lunes a las nueve de la mañana.
En esta reunión se ha estudiado la posibilidad de plantar al equipo de Colau, que a las once presentaba el nuevo plan director de la Urbana. El plante ha terminado por descartarse y la cúpula policial se ha reunido a las diez con Colau en el ayuntamiento. La reunión ha enfriado los ánimos. Con algunos minutos de retraso, han comparecido conjuntamente en rueda de prensa.
COLAU NIEGA COACCIONES
Ante los micrófonos, Colau se ha comprometido a recabar "toda la información" sobre el episodio (había estado en Madrid durante todo el fin de semana) y a hablar con Asens y con la abogada. También ha condenado de nuevo la agresión del mantero. En sentido contrario, ha mostrado su “total confianza” en Asens y ha avanzado que no debe hablarse de coacciones porque, hasta donde sabía entonces, la llamada fue para tener "un intercambio de impresiones jurídicas”.
El intendente mayor, sentado al lado de Colau, ha sido más crítico y ha lamentado en público que sus agentes se sientan nuevamente “en una situación de indefensión” con este gobierno municipal. Algo que ya le transmitieron cuando juzgaron demasiado “tibia” su reacción con el ‘caso Garganté”, el edil de la CUP que será juzgado por coacciones a un médico. Vázquez le ha pedido que “investigue los hechos” y que actúe si se confirma que Asens ha atentado “contra los valores éticos que deben regir su cargo público”.
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