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La ley recurrida por el Gobierno ha evitado 639 desahucios en Barcelona solo en el 2016

Los alcaldes certifican antes de la cumbre con Puigdemont que el parque de pisos vacíos cubriría con creces las emergencias sociales

TERESA PÉREZ / CARLES COLS / BARCELONA

Rueda de prensa de Carlos Macías, portavoz de la PAH, sobre la ley contra la pobreza energética. / FERRAN SENDRA / VÍDEO: ACN

La ley de medidas urgentes contra los desahucios que aprobó el Parlament de Catalunya en julio del 2015 ha tenido una corta pero fructífera existencia. El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido recurrirla por invasión competencia en el último minuto de la más insólita legislatura de la democracia reciente de España. Lo que ese recurso implica se explica mejor con cifras. Solo en Barcelona se han evitado entre enero y abril 639 desahucios. En L’Hospitalet se han resuelto de forma consensuada unos 300 casos o, dicho de otro modo y según el ayuntamiento de la segunda ciudad de Catalunya, no se ha ejecutado gracias a la ley ningún desahucio bancario. En Badalona, esa misma ley impugnada por el Gobierno ha aliviado la situación a unas 165 familias. Los alcaldes de las principales ciudades de Catalunya se reúnen la tarde del martes con el 'president' Carles Puigdemont para cavar una trinchera común ante la posible catástrofe social que se avecina.

Cada día se ejecutan en Catalunya 43 desahucios. Esa es la media. Es decir, la ley de julio del 2015 no ha puesto fin a esta nefasta consecuencia de la crisis económica. El conjunto de medidas que aprobó el Parlament tenía en el foco principalmente los desahucios promovidos por los llamados grandes tenedores de pisos, sobre todo bancos y algunas empresas, no en los particulares que, por ejemplo, tienen un piso en régimen de alquiler. El problema es, según los ayuntamientos, que el recurso del Gobierno termina por agravar incluso el problema de las familias víctimas de un desahucio, porque con la ley se abría una vía para que los municipios se hicieran con las llaves de los pisos vacios que tienen los bancos, lo cual permitía encarar con mayor solvencia las emergencias. Las cifras de Barcelona, L’Hospitalet, Badalona y Santa Coloma de Gramenet sirven de nuevo a la perfección para comprender mejor el daño que puede causar el recurso ante el Tribunal Constitucional.

En Barcelona, según Ada Colau, hay unos 1.500 pisos vacíos en manos de la Sareb o banco malo y de diversas entidades financieras. De ellos, 149, como mínimo, llevan más de dos años vacíos, lo que, según la ley, abre la puerta a una cesión obligatoria. Pero, además, el ayuntamiento tiene en diferentes fases de tramitación la cesión de 550 pisos. Eso le dotaría de un parque residencial para atender emergencias de todo tipo, entre ellas, por supuesto, la de los desahucios que aún se ejecturan.

"LA LEY MÁS IMPORTANTE"

En L’Hospitalet, los pisos vacíos son 1.691. Las familias que necesitan de forma urgente un techo seguro son unas 170.  En Badalona, los pisos vacíos son unos 1.200, y las familias en situación de emergencia unas 165. No todos los pisos vacíos están en condiciones de ser habitados, algunos puede que estén ocupados de forma clandestina, pero las cifras demuestran que la ley recurrida era una buena vía para revertir la tendencia. Según Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma, en julio del 2015 el Parlament aprobó la que, en su opinión, es "la ley más importante de los últimos años". Admite que los bancos han cedido con cuentagotas pisos a los municipios. En Santa Coloma, en lo que va de 2016, solo tres, pero con 876 pisos vacíos y 17 familias en situación de emergencia, el futuro se podía ver con unas gotas de optimismo.

¿Y ahora, qué? Esa es la cuestión que abordarán los alcaldes con Puigdemont en la cumbre convocada por este último. La ley de julio del 2015 fue consecuencia de una iniciativa lesgislativa popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC. Por eso, esas tres entidades han presentado ya lo que, desde su punto de vista, sería conveniente hacer. Proponen reformular en el Parlament una ley que conceda de nuevo los instrumentos que proporcionaban los artículos recurridos por el Gobierno central. Reclaman que se exprima la ley del 2007, que ya permitía imponer multas a los propietarios de pisos vacíos. Solicitan que, pese al recurso, las administraciones se comprometan a utilizar para sus cálculos de baremos de precios de alquiler en los realojamientos los criterios establecidos en la ley del 2015. Exigen también que los ayuntamientos amplíen las partidas presupuestarias destinadas a ayudas al alquiler y que estas no sean temporales, como ocurre ahora en muchos casos, sino que sean permanentes.

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