60 organizaciones denuncian estos fallos en la regulación de la inteligencia artificial

Hasta 60 organizaciones de la sociedad civil han denunciado "deficiencias" en la propuesta de regulación de la inteligencia artificial (IA) en la que está trabajando la Unión Europea (UE) y han pedido a España que garantice una legislación "robusta y respetuosa con los derechos fundamentales".

En una carta abierta publicada este miércoles, estas oenegés nacionales e internacionales han mostrado su "preocupación" por el impacto de una tecnología que, mal usada, puede suponer una "amenaza grave para los derechos fundamentales y los procesos democráticos". La misiva va dirigida a España, que ejercerá por quinta vez la Presidencia del Consejo de la UE entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año.

Bruselas trabaja desde hace años en una ley cuya aprobación se ha visto retrasada por la eclosión de aplicaciones generativas como el famoso ChatGPT. La propuesta establece diferentes normas y restricciones en base a los usos de la IA. Así, prohíbe los que suponen un "riesgo inadmisible". Esa categoría incluye la vigilancia biométrica, el reconocimiento facial, la policía predictiva o la manipulación intencionada. Las organizaciones que han firmado la carta pública piden ampliar la lista de sistemas que caigan en esa categoría.

Más obligaciones

Un peldaño por debajo hay los usos de "alto riesgo", entre los que figuran aquellos sistemas que puedan influir en los procesos electorales o los algoritmos de recomendación de redes sociales como TikTok, Instagram, Twitter o Facebook. En ese caso también solicitan eliminar la "discrecionalidad en el proceso de clasificación" de esos sistemas y el establecimiento de "obligaciones significativas de rendición de cuentas y transparencia pública para los usos públicos y los implementadores de sistemas de IA de alto riesgo". Ya en 2021, más de un centenar de oenegés europeas denunciaron que las obligaciones no eran lo suficientemente estrictas para garantizar el respeto a los derechos humanos.

La carta pide "garantizar derechos y mecanismo de reparación para las personas afectadas por los sistemas de IA" y promover una mayor participación de la sociedad civil en el desarrollo de estándares técnicos para garantizar que la defensa de los derechos básicos está establecida en el propio diseño de esa tecnología.

Las entidades impulsoras son LaFede.cat, Algorace, Fundación Eticas, CIVIO, Algorights, CECU, Institut de Drets Humans de Catalunya y Observatorio TAS. Todas ellas solicitan al Gobierno español reuniones "de alto nivel" con los representantes de los ministerios.