Instrucción compleja
Un exconseller de la Vall d'Aran y un agente medioambiental, a juicio por la muerte del oso Cachou
Los dos sospechosos son activistas antioso al mismo tiempo que funcionarios del gobierno local atareados en su reintroducción en el Pirineo

Uno de los agentes rurales que han encontrado muerto al oso Cachou saca fotos con el cadáver del animal, el pasado día 10 / Europa Press

El juzgado de Vielha que ha investigado la muerte del oso Cachou ha enviado a juicio a José Antonio Boya y a Aran Medán. El primero fue 'conseller' de Territorio del Conselh Generau d’Aran, el gobierno local de la Vall d'Aran, entre 2015 y 2019. El segundo es agente de medio ambiente. La jueza les imputa un delito contra el medio ambiente, otro por revelación de secretos y un tercero por prevaricación. En el auto que cierra la instrucción se subraya que actuaron "de forma conjunta" para localizar a Cachou y envenenarlo con etilenglicol (anticongelante). Merán se negó a declarar pero Boya declaró que el primero le informaba de la ubicación del oso.
La complejidad de la investigación ha topado con el "microclima" de la Vall d'Aran, subrayan fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. Un escenario en el que todos se conocen y en el que la presión social es elevada para perseguir a los responsables de la muerte de un ejemplar de oso pardo, un animal odiado por muchos de los vecinos del lugar. De tal complejidad dan buena medida dos incongruencias flagrantes que encarnan los dos sospechosos. Boya, como 'conseller', era el responsable del programa de reintroducción del oso pardo en los Pirineos. Esa responsabilidad, sin embargo, no le impedía ser el presidente de la asociación de criadores de caballos y administrador del grupo 'plataforma antioso'. En el grupo de whatsapp de ese segundo colectivo, Boya había manifestado en diversas ocasiones la idoneidad de eliminar a Cachou suministrándole anticongelante, la substancia que se detectó en el cuerpo del animal como causante de su fallecimiento por envenenamiento.
Medán era como Boya un activista antioso al mismo tiempo que empleado del mismo programa para su preservación –programa ya finalizado–. Esa segunda condición le permitía tener acceso a información privilegiada: sabía que Cachou se había despertado de su hibernación, que comía ciervo –fue intoxicado presumiblemente con carne de cérvido–y por dónde se movía gracias al GPS. Medán se negó a declarar. Boya, sin embargo, admitió que Medán le facilitó información acerca del paradero de Cachou. Otras fuentes consultadas por este diario, matizan sobre este último hecho, que la información acerca de la ubicación de cualquier oso se divulgaba en grupos no necesariamente antioso con el fin de prevenir a los lugareños.
Cachou fue envenenado entre el 26 y el 27 de marzo de 2020 en la Vall d’Aran. Llevaba un collar con GPS que registró que a partir de esa fecha apenas se movió. Agonizó durante varios días y su cuerpo, de 140 kilogramos, tras la alarma que disparó su quietud definitiva, fue hallado el 9 de abril. El examen forense detectó en su organismo restos de anticongelante para vehículos. Así arrancó una investigación sin apenas precedentes en España por la muerte de un animal. Cachou nació en 2015 y era hijo de la hembra Plume y del macho Balou, ambos de origen esloveno. De ese país proceden los animales con los que se activó en los noventa la recuperación del oso de los Pirineos, al borde de la extinción. Cachou desarrolló un comportamiento de gran depredador. En apenas dos semanas, a comienzos de otoño de 2019, mató a cinco yeguas. Cinco ataques que lo pusieron en el punto de mira de los ganaderos de extensivo que crían caballos y ovejas en libertad, los más afectados por sus ataques y entre los que se encuentran varios de los miembros más entusiastas del grupo de whatsapp de la 'plataforma antioso'.
Sabor agridulce
Según las fuentes consultadas por este diario, la investigación para dar con todos los implicados en la muerte de Cachou deja un sabor agridulce. Por una parte, algunos de los investigados, que llegaron a ser detenidos y pasaron esposados a disposición judicial, no serán juzgados y, en un lugar en el que todos se conocen, se subraya que se ha causado un daño a su reputación. Por el otro, existen sospechas de que los sospechosos sobre los que puso la lupa el Área de Investigación Criminal (AIC) de los Mossos en el Pirineo supieron enseguida que tenían los teléfonos pinchados. De no haberlo sabido, tal vez las pesquisas habrían hallado pruebas contra más personas implicadas en la muerte de Cachou, la primera que se ha investigado bajo secreto de sumario en España. El juicio deberá aclarar ahora si Boya y Medán son culpables de una muerte que los defensores del oso, que recuerdan que este animal pertenece al lugar porque estaba allí en el pasado y se extinguió por la acción del hombre, mantienen que debe funcionar como una advertencia para todos lo que atentan contra la reintroducción de estos ejemplares.
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