El responsable de la ampliación de El Prat declara que la tercera pista era legal

El director de la Oficina Ejecutiva del Plan Barcelona, Francisco Gutiérrez, ha declarado ante el juez que la tercera pista del Aeropuerto de Barcelona-El Prat se abrió a finales del 2004 cumpliendo con la legalidad y que los ruidos provocados por los aviones se ajustaban a la normativa vigente.

Gutiérrez ha declarado en el primer día del juicio en el que el juzgado penal 6 de Barcelona sienta en el banquillo a cinco exaltos cargos de AENA y de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente que están acusados de un presunto delito contra el medio ambiente por la Asociación de Vecinos Platja de Gavà, que solicita penas de prisión de entre dos años y medio y tres años.

Según el responsable de las obras de ampliación del aeropuerto, los datos que recogían los sonómetros tras la puesta en marcha de la tercera pista se ajustaban a lo que fijaba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

"Hay dos aspectos: uno el del cumplimiento legal, del que eramos totalmente conscientes y en estos momentos lo seguimos siendo de haber cumplido toda la normativa aplicable, y otra cosa es la percepción del ruido porque los aviones son muy ruidosos para los que están próximos", ha declarado Gutiérrez, que ha manifestado que no era de su competencia determinar la configuración de los despegues y aterrizajes del aeropuerto.

También ha declarado ante el juez el exresponsable de la dirección ambiental de las obras de ampliación del aeropuerto, Francesc Xavier Montoro, que ha manifestado que "el Plan Barcelona no tuvo nunca control operativo, sino que es el aeropuerto y el servicio de medio ambiente del aeropuerto el que controla los temas de sonometrías y trayectorias".

Por su parte, el expresidente de AENA, Manuel Azuaga, que también está acusado en este caso, ha asegurado ante la jueza: "En el tiempo que yo estuve en Aena nunca recibí ningún escrito de la Comisión de Seguimiento Ambiental del Aeropuerto de Barcelona de que hubiera algo que fuera ilegal".

PROTESTAS DE VECINOS

Azuaga ha destacado que, tras las protestas de los vecinos de Gavà y de Castelldefels por los ruidos, mantuvo reuniones con los alcaldes, las entidades vecinales y los técnicos para encontrar una solución, que pasó por la realización de obras por valor de 19 millones de euros que permitieron modificar la configuración de vuelos y aliviar las molestias a los vecinos.

"Fue una medida que restaba operatividad al aeropuerto pero creo que mereció la pena", ha manifestado Azuaga.

También ha declarado ante el juez el exdirector general de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, Manuel Bautista, que ha relatado que firmó la autorización administrativa para poner en funcionamiento la tercera pista tras contar con los informes preceptivos del Ministerio de Defensa y de la comisión interministerial entre los ministerios de Defensa y Fomento, y de dos certificados adicionales que proporcionó Aena referentes al cumplimiento de las normativas de seguridad aérea y de los requisitos medioambientales de la DIA.

Finalmente, el quinto acusado, Jaime Alejandre, exdirector de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, ha dicho que no tenía competencias ejecutivas y que el control del cumplimiento de la DIA correspondía a la Comisión de Seguimiento Ambiental del Aeropuerto de Barcelona.

El juicio, del que se retiraron hace unos meses la Asociación de Vecinos de Gavà Mar y la Plataforma Prou Soroll de Castelldefels y en el que la fiscalía no presenta cargos, se prolongará hasta el 22 de octubre e incluirá la declaración de testigos y la presentación de los informes periciales de los Mossos d'Esquadra y de las diferentes partes.