28 may 2020

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EFECTOS DEL COVID-19

El TSJC prevé retrasos de entre tres y cinco meses en los juicios

Unos 300 funcionarios de justicia y 24 jueces han estado afectados o confinados por la pandemia

Efe

Juzgados de Mataró.

Juzgados de Mataró. / MATARÓ AUDIOVISUAL

La crisis del coronavirus obligará a aplazar de tres a cinco meses los juicios previstos, debido a la "parálisis" por el estado de alarma y a la necesidad de espaciar las vistas por las medidas sanitarias, lo que puede colapsar a un sector que ya estaba "al límite de sus posibilidades".

Así lo advierte el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, que apuesta por mantener la actividad telemática de los juzgados en los próximos meses, tras constatar que en esta comunidad ha funcionado de forma "óptima" durante el estado de alarma.

Según Barrientos, aunque la situación será distinta en función de los juzgados -algunos con la agenda al día y otros con retrasos de hasta dos años-, durante el parón judicial se han suspendido juicios "en volumen suficiente para llenar ya no dos meses, sino tres o cuatro".

Desde el inicio de la pandemia, unos 22 jueces han estado de baja en Catalunya por presentar síntomas compatibles con COVID-19 o haber tenido contacto con un contagiado, porcentaje similar al de la Fiscalía.

Plan de desescalada 

La sala de gobierno del TSJC ha aprobado un plan que insta a los órganos judiciales a "esponjar" las vistas, para evitar que coincidan juicios y garantizar un lapso suficiente, entre sesión sesión, para ventilar las salas y desinfectar el mobiliario.

Ello obligará modificar las "dinámicas actuales", puesto que ante la emergencia sanitaria habrá que evitar "condiciones de proximidad física que ahora son intolerables", como la congregación de cientos de personas en las salas de espera, con lo que los juzgados que acumulaban retrasos de cinco meses "ahora se irán a ocho o a diez".

A esa situación se suma el aumento litigiosidad que con seguridad provocará la crisis económica derivada del COVID, una congestión que recuerda la que los juzgados vivieron entre 2008 y 2010. "Los recursos siguen siendo los mismos, eso necesariamente va a hacer que se resienta un sistema que ya está al límite de sus posibilidades", reconoce el presidente del TSJC.

Además, resalta Barrientos, las medidas del plan de choque diseñado por el Gobierno para los juzgados "tiene herramientas muy útiles, pero no cuenta con una memoria económica, es de coste cero", por lo que "en una administración ya muy fatigada por la sobrecarga de trabajo es difícil que se cumplan los objetivos por mejor intención que se tenga".

Servicios muy mínimos

Barrientos insiste en que la justicia no ha dejado de estar operativa durante la cuarentena y se han mantenido los servicios mínimos con una "escasísima dimensión y dotación de personal": en la última semana se han notificado en Cataluña 49.810 resoluciones, algo más de una décima parte que en un período normal.

Como ya establece el plan de trabajo aprobado por la sala de gobierno, Barrientos defiende mantener en un futuro las vistas telemáticas en los juzgados, que considera "la herramienta ideal para contener cualquier contagio", dado que su funcionamiento durante el estado de alarma "ha sido óptimo".

No obstante, advierte de que la tecnología "no está suficientente depurada, con dificultades de conexión" y, además, en algunas situaciones no preserva adecuadamente las garantías procesales.

Para evitar anulaciones posteriores de pruebas o juicios por una posible "contaminación" derivada de uso de medios tecnológicos, el plan de la sala de gobierno "limita mucho la posibilidad de conexión telemática", que estará vetada en los casos de vistas por delitos graves, en los que los acusados se enfrenten a más de cinco años de prisión.

Colectivos de riesgo

Barrientos confiesa además que el TSJC se enfrenta a una "situación preocupante" debido a la dificultad para que se reincorporen al trabajo presencial los jueces que pertenecen a colectivos de riesgo, por sus patologías previas o avanzada edad, o que tienen problemas de conciliación familiar.

"Es un factor preocupante, no tanto por el número de jueces vulnerables como por los mecanismos que podamos tener para cubrir las vacantes que se puedan generar", apunta.

En el caso de los grupos de riesgo, Barrientos señala que gran parte de ellos ejercen en tribunales, donde las posibilidades de trabajar de forma telemática son mucho mayores puesto que el 90% de su función es deliberar, pero el problema estará entre los que dirigen juzgados unipersonales: "Eso nos obligará a reinventarnos", anuncia.

Vacaciones en agosto

De acuerdo con las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, se permitirá señalar juicios en agosto, pero el plan del TSJC insta a hacerlo de forma limitada para procurar que los jueces puedan concentrar sus vacaciones en ese mes. 

La Sala de Gobierno del TSJC ha aprobado un cronograma para la reanudación de la actividad judicial tras quedar paralizada con el estado de alarma: la primera fase comenzó el lunes con la incorporación del 30% de la plantilla del personal de justicia, y a partir del 2 de junio prevé que todos los jueces deban trabajar presencialmente cuando sea necesario.