Plan anti colapso judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas, los funcionarios, los colegios de Abogados, de Procuradores, los notarios y los registradores… Que tantos participantes se coordinen para que la justicia responda ante la situación generada por la pandemia del coronavirus y tener prevista una estrategia para cuando todo acabe no parece una empresa fácil. Sin embargo, de momento parece que se está logrando preparar ese plan que permita evitar el colapso en los juzgados. La única crítica, al menos visible, que se ha producido ha sido la reprobación del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, formulada por los seis sindicatos mayoritarios de funcionarios.

El órgano de gobierno de los jueces (del que dependen disciplinariamente los togados pero en cuya actividad jurisdiccional no puede inmiscuirse) se mostró muy activo durante las primeras semanas del confinamiento, a través de su comisión permanente. Aquellos días fue dando diversas instrucciones sobre la aplicación de los servicios esenciales que corresponden a la justicia, que básicamente consisten en asistir a los detenidos, los presos y los casos de violencia de género, así como las diligencias relativas a los derechos fundamentales.

Reclamaciones de sanitarios

Entre todos estos asuntos han sobresalido las reclamaciones en lo Social de sanitarios, pero también de policías y hasta de fiscales, que se han producido en toda España para exigir a las distintas administraciones unas medidas de protección que escasean en todo el mundo. Uno de los últimos en formular el requerimiento fue el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecto de los Mossos d'Esquadra.

Para poder prestar los servicios esenciales resulta imprescindible la asistencia presencial de algunos funcionarios y ahora, todos, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen, están bajo el control de Justicia, conforme ordenó el Ministerio de Sanidad. Para ello el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, preside la mesa de coordinación que reúne a todas las administraciones y organismos involucrados.

Acusación de "despótico"

Su reunión del 3 de abril llegó después del rapapolvos que el CGPJ ya había dado a Andalucía y Canarias por no garantizar el número suficiente de funcionarios a ojos de su respectivo Tribunal Superior de Justicia. Esa advertencia fue lo que provocó el comunicado conjunto de los seis sindicatos mayoritarios en la Administración de Justicia, un documento en el que tildan al CGPJ de "despótico" por extralimitarse y obligar a los funcionarios a ir al juzgado mientras aconseja a los jueces teletrabajar.

En cambio, todas las asociaciones judiciales se pusieron a disposición de Lesmes para colaborar en el plan de actuación en el que ya se trabaja para evitar el colapso del servicio público cuando todo vuelva la normalidad. Justicia, además, se comprometió a que esté en marcha antes de transcurridos 15 días después de que se levante el estado de alarma, centrado en las jurisdicciones más afectadas por la crisis, como son las de lo Social, Contencioso y Mercantil, por los despidos, ertes y concursos que se han producido.