Anticorrupción pide cárcel y 50 millones de euros a la mafia de los contenedores chinos

Formaron una organización criminal, una "estructura organizada" para realizar fraude a Hacienda, contrabando y blanqueo de dinero con todo tipo de productos que llegaban de China. Así lo sostiene la Fiscalía Anticorrupción, que pide cárcel y más de 50 millones de euros de indemnización a los 37 acusados de formar parte de la mafia de los contenedores chinos, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Entre los años 2009 y 2014, según Anticorrupción, un agente de aduanas formó una estructura de sociedades capitaneada por Aduanas Senalar que aparentaban ser importadores de mercancías de China, ocultando a los verdaderos compradores, que eran un grupo de seis empresarios chinos afincados en España, donde vendían zapatos, ropa, alimentos, aparatos electrónicos y juguetes.

Barcelona y La Jonquera

Cuando la mercancía llegaba a España, casi siempre por los puertos de Valencia y Algeciras, se entregaba a los "clientes reales", que no pagaban impuestos. Luego, eso sí, entregaban dinero en metálico a la trama del aduanero Seseña, cuyos colaboradores lo llevaban a Portugal, donde lo ingresaban en una cuenta corriente. Solo en 2014 la trama ingresó 10.430.448 euros en metálico por ese método, según el escrito de Anticorrupción. Uno de los acusados, el ciudadano chino X. L. alias Miguel, fue descubierto cuando se dirigía a Barcelona con 149.000 euros en metálico. En otra ocasión, fue sorprendido con 46.125 euros en La Jonquera.

El escrito de la Fiscalía revela que de esta forma opaca se metieron en España "un total de 2.558 contenedores" cargados con productos chinos que se entregaron a los "clientes reales" sin pagar prácticamente impuestos. El entramado del aduanero español cobraba 4.950 euros por cada contenedor metido de contrabando, según el documento de Anticorrupción. En la red participaron también empresarios jugueteros de la provincia de Almería, cuyas firmas se habían arruinado y aceptaron formar parte de la trama como testaferros, supuestos destinatarios de la mercancía que llegaba de China.

El ministerio público acusa al agente español de aduanas, Julio S., de pertenencia a una organización criminal, delitos contra Hacienda, falsificación continuada de documento mercantil y blanqueo de dinero. Le pide penas que suman 62 años y tres meses de cárcel. Junto a él figuran como acusados varios de sus colaboradores y los empresarios chinos de las firmas Grupo For World, Avenvol Logistic y Dong Yi, varios de ellos afincados en el Polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), un enorme complejo del tamaño de 160 campos de fútbol que nutre a los más de 15.000 bazares chinos repartidos por España.