La Policía detiene a 24 sospechosos por defraudar casi 8 millones de euros a la Seguridad Social en Barcelona y Girona

El pasado mes de octubre la Policía Nacional inició una investigación tras recibir denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social por presuntas actuaciones irregulares por los administradores de distintas empresas para eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Después de meses de pesquisas los agentes detuvieron hace unos días a 24 personas en las provincias de Barcelona y Girona por un fraude a la Seguridad Social de 7,7 millones de euros.

Además, hay otros 14 investigados, que no fueron arrestados, por los delitos de fraude contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y malversación. Según la Policía Nacional, los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Seguridad Social. 

En un principio, los agentes encontraron indicios de delito contra 46 personas, en su mayoría administradores de empresas, testaferros, trabajadores o familiares de los anteriores. La Policía Nacional señala que los sospechosos creaban varias sociedades, con similar actividad dentro del objeto social, y que eran dirigidas, gestionadas y administradas por las mismas personas.

Cuando estas empresas generan deudas con la Seguridad Social por el impago de las cuotas obreras de sus trabajadores, se daban de baja, y seguidamente constituían una nueva con el mismo objeto social, la misma dirección empresarial, con los mismos trabajadores, que pasan de una empresa a otra. De este modo, podían seguir operando en el mercado laboral y evitar posibles futuros embargos por parte de sus acreedores.

Operación en la restauración

Con este modus operandi, los agentes han encontrado varias tramas de sociedades. Una de ellas afectaba a seis empresas del sector de la restauración y el comercio minorista de productos alimenticios. Todas estaban dirigidas y gestionadas por dos empresarios, quienes utilizaban a otras dos personas como intermediarios en las sociedades investigadas. Compartían el mismo domicilio de actividad, los mismos gestores y el mismo objeto social. Además de superar los importes deudores establecidos como condición objetiva para el tipo penal, también han realizado maniobras de ocultación para dificultar el cobro de las deudas generadas ante la Seguridad Social. 

Según la Policía Nacional, estas maniobras incluían la sucesión de actividad empresarial y el uso de testaferros. Uno de los empresarios investigados ha sido imputado por malversación, ya que fue designado como depositario de los bienes embargados y no los devolvió cuando se le requirió.

Fraude en la construcción

En otra de las investigaciones se ha constatado la creación sucesiva de empresas en el ámbito de la construcción, dirigidas, gestionadas y administradas por las mismas personas. Cuando acumulaban deudas con la Seguridad Social debido al impago de las cuotas obreras de sus empleados, optaban por darse de baja. Posteriormente, constituían una nueva empresa con el mismo objeto social y la misma dirección empresarial, y continuaban operando con los mismos trabajadores. 

La investigación permitió detectar también la existencia de un entramado empresarial de diecinueve empresas relacionadas con en el sector hostelero. La Policía Nacional señala que, supuestamente, "se había interpuesto de manera maliciosa la figura de varias personas físicas y jurídicas; entre ellas, la propia hija, la esposa y los hermanos del presunto responsable". El objetivo era ocultar la verdadera responsabilidad por una deuda significativa generada ante la Seguridad Social.

El modus operandi de este grupo consistía en no pagar sistemáticamente los seguros sociales de los trabajadores dados de alta en las diferentes empresas que conformaban el entramado. Además, se producía confusión patrimonial y cruce de facturación entre algunas de estas empresas. 

Casi 8 millones de perjuicio

Según los investigadores, los modelos tributarios revelaron notables volúmenes de ingresos en las cuentas de estas sociedades, incluso sin constar trabajadores dados de alta desde el año 2014. Una de las sociedades del entramado alcanzó su máximo nivel de ingresos en el mismo año en que no tenía trabajadores dados de alta, lo que apuntaba a una falta de transparencia económica en estos negocios dedicados a la hostelería.

El perjuicio económico total causado a la Tesorería General de la Seguridad Social por todos los diferentes entramados de empresas creadas para eludir los pagos obligados, asciende a 7.712.160 euros. Los agentes destacan que, pese a la investigación policial, los sospechosos creaban nuevas sociedades que continuaban con el negocio y con las que a su vez dificultaban las labores ejecutivas de la Seguridad Social.