A cargo de los vecinos
Nueva normativa de ascensores: los cambios que deberán incorporar a partir de julio
Barcelona localiza 1.220 ascensores históricos, el triple de los conocidos hasta ahora
Barcelona pasa a tratar como joyas patrimoniales sus ascensores ancianos
Pulsadores dentro de un ascensor en un edificio de la Gran Via, en Barcelona. / JORDI OTIX
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La normativa de los ascensores está a punto de cambiar. El próximo 1 de julio, entrará en vigor el nuevo marco legal, impulsado por el gobierno Pedro Sánchez, para garantizar que los elevadores sean más seguros. Con tal de garantizar esta mejora, los vecinos de los edificios con montacargas más antiguos deberán hacerse cargo de la modernización de dichos sistemas.
Entre las modificaciones a tener en cuenta estarán el control de peso y la implementación de un teléfono de cabina (siempre que no lo lleven incorporado ya). Asimismo, la correcta detención del ascensor en cada rellano, así como el cumplimiento de otros estándares mínimos de seguridad, se controlará por medio de revisiones periódicas.
Hasta 40.000 euros
Según recoge 3/24, el rango del coste de estas reparaciones estará entre los 500 y los 40.000 euros, precio que deberá asumir la comunidad de vecinos del edificio afectado. En aquellos casos más graves, "será mejor hacer el ascensor nuevo antes que arreglarlo", según declaraciones del vicepresidente del Gremio de Ascensoristas de Catalunya, Jordi Serrats recogidas por el citado medio.
Entre las inversiones más recurrentes, apunta el mismo testimonio, estará el cambio de guías, que afectará a los ascensores de Barcelona y otras ciudades catalanas.
Reparación gradual
Hasta 400.000 ascensores podrían verse afectados próximamente por esta nueva normativa, publicada en el BOE el pasado 13 de abril tras aprobarse en el Consejo de Ministros, ya que es esta la cifra de elevadores de más de 30 años en España.
La suma total del coste de estas reparaciones –que según el citado gremio se desarrollará paulatinamente, sino en función del período habitual de inspección (cada cuatro años) y con un año de margen tras la misma– ascendería hasta los 700 millones de euros, cuantía que deberán abonar a lo largo de los próximos siete años.
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