Una familia recupera la titularidad de un piso de Girona tras varios intentos de desahucio

Una familia vulnerable y numerosa del barrio del Pont Major de Girona ha recuperado la titularidad del piso después de una larga lucha judicial en un caso que arranca en 2010. Los afectados tuvieron sobre la mesa varias fechas de desahucio forzoso por no pagar seis cuotas de hipoteca y el inmueble ya había pasado a manos de un fondo buitre. La defensa logró detener el procedimiento y revertirlo después de innumerables recursos, escritos de queja y peticiones de revisión.

La familia, con al menos cinco menores y con solo un sueldo estable, no había podido pagar seis cuotas de la hipoteca de su vivienda y el 10 de febrero de 2010 la entidad Caja de Ahorros del Penedès reclamó la ejecución hipotecaria. O sea, embargar la vivienda por el impago del préstamo. Fueron pasando los meses y años y acabó decretándose la finca en favor de la entidad bancaria. Posteriormente, Bankia, adquirió el inmueble por absorción de Caixa Penedès –el 26 de mayo de 2021–, que lo traspasaría al denominado fondo buitre Gramina Holmes SL.

Sin embargo, cuando se inició el proceso de entrega de la finca, la defensa de la familia, Anna Torroella, del despacho Torroella Advocats, alertaron de la existencia de cláusulas abusivas y pidieron la nulidad de todo el procedimiento.

Carácter abusivo

Ante esta situación, el 28 de junio de 2021, el juez acordó examinar el posible carácter abusivo de la cláusula que había permitido decretar la ruptura del contrato bancario, así como la práctica del vencimiento anticipado. El 20 de diciembre del mismo año, se decretó la nulidad de la citada cláusula y se archivó el procedimiento de la ejecución hipotecaria que debía acabar con el desahucio. A la vez, se consideró abusivo conforme al derecho europeo. "La gente debe saber que el incumplimiento de pago de tres, cuatro o seis cuotas, de acuerdo con el derecho europeo y confirmado por el Tribunal Supremo, es un incumplimiento no lo suficientemente grave como para desencadenar la pérdida irremediable de la vivienda", ha resaltado la abogada Anna Torroella.

En cuanto a la efectividad de los derechos reales heredados por Gramina Holmes (el fondo buitre que obtuvo los activos de Bankia), a lo largo del año 2020 se trató el caso en los juzgados hasta que, el 9 de noviembre de aquel año, una sentencia obligaba a la familia a desalojar la finca.

Laberinto judicial

Mientras, en el procedimiento de ejecución de los títulos judiciales, también se entró en 2021 en litigio judicial después de que la familia no abandonara el inmueble voluntariamente. El 17 de febrero de 2021 se marcó un día y hora para hacer el desahucio forzoso. Pero tres meses más tarde se detuvo la operación al considerar que el afectado estaba en situación de vulnerabilidad. Se señaló una nueva fecha: 10 de marzo de 2022.

Un mes y medio antes de ese día, la defensa puso sobre la mesa la falta de legitimación de Gramina Holmes después de que se hubiera declarado nula la cláusula de vencimiento anticipado por ser abusiva y también que se archivara la ejecución hipotecaria. Unos días después, se denegó.

Banco buitre

La defensa se quejó de que no se le dejara presentar recurso, insistiendo en que no se podía continuar con el procedimiento teniendo en cuenta que el banco buitre había perdido la potestad de continuar con el desahucio, ya que se había anulado la cláusula que se había utilizado para acabar con el contrato de pago de la hipoteca. El desahucio terminó suspendido por segunda vez y se marcó una tercera fecha.

El despacho de abogados presentó sin éxito un nuevo recurso insistiendo en el que Gramina Holmes no estaba legitimada. Sin embargo, la defensa presentó un recurso de revisión que se desestimó y, posteriormente, un recurso de queja, por interpretar que existía un fraude de ley.

Margen para apelar

Así, se denegó la suspensión del desahucio pero el recurso de queja tuvo éxito y se dio margen para poder apelar. El gabinete Torroella Advocats formuló el recurso indicando que Gramina Holmes había perdido la condición para poder tener la finca inscrita.

La Audiencia estimó este recurso y dio margen a la apelación admitiendo que el fondo buitre no estaba legitimado puesto que el título que fundamentaba la propiedad de Gramina Holmes era nulo porque también se había anulado la ejecución hipotecaria .

El organismo judicial también expuso que Gramina Holmes no podía transmitir el inmueble a terceros, ya que quedaba invalidado el título. Entonces se interpuso un tercer procedimiento por parte de los afectados para que la finca se reinscribiera a su nombre.

Inicialmente se desestimó, pero la Audiencia vistos los antecedentes de la ejecución y del desahucio estimó la demanda plenamente y ordenó reinscribir la finca al propietario inicial.