Fiscalía investiga una presunta agresión a un grupo de abolicionistas de la prostitución en la marcha del 8M en Barcelona

El Servicio de delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación a partir de una denuncia de Catalunya Feminista Plataforma Abolicionista (CATAB) por una presunta agresión durante la manifestación del pasado 8M en Barcelona organizada por la asociación Ca la Dona. En concreto, la entidad feminista considera que podría existir un delito de odio junto a otros de detención ilegal, coacciones o lesiones, presuntamente cometidos durante esta concentración para reivindcar el 8 de marzo en 2024 en el centro de Barcelona.

La denuncia presentada ante la Fiscalía, a la que ha tenido acceso este diario, indica que una docena de mujeres de las entidades que forman CATAB acudieron a la manifestación. El grupo, en el que se encontraban varias víctimas de violencia de género y explotación sexual, reclamaba políticas públicas para la abolición de la prostitución.

Los hechos

Sin embargo, aseguran que, al intentar acceder al paseo de Gràcia para unirse al cuerpo central de la protesta, "unas 15 mujeres identificadas con chalecos e insignias muy visibles como pertenecientes al servicio de orden la manifestación, integrantes de la asociación Ca la Dona", las rodearon "completamente" y les impidieron la libre circulación y su unión a la manifestación. "Violaron nuestros más básicos derechos fundamentales", afirman.

"Una vez que nos tuvieron encapsuladas –añaden–, esas mujeres nos empezaron a agredir, tanto verbalmente como físicamente. Los insultos que nos propinaron fueron 'fascistas', 'abolas de mierda', 'feminazis', 'terfs de mierda' y 'tránsfobas'. La violencia física consistió en que, mientras nos tenían rodeadas y en inferioridad numérica, nos propinaron varios empujones, nos arrancaron los carteles que llevábamos y agredieron a una compañera, propinando una de esas mujeres del cordón que habían realizado a nuestro alrededor un fuerte golpe en la cabeza con un megáfono y una patada".

Responsabilidad del Ayuntamiento

Las entidades que forman CATAB presentaron ante la Fiscalía la denuncia ante los Mossos d'Esquadra con las lesiones que sufrió una de las manifestantes, así como un vídeo del enfrentamiento. También lamentan que, pese a llamar al 112, no se presentó ninguna patrulla policial. 

La plataforma feminista también considera que existe responsabilidad del Ayuntamiento de Barcelona, ya que los organizadores de 8M reciben unos 31.500 euros de subvenciones públicas por organizar esta manifestación y luego "no dejan participar a mujeres que no están de acuerdo con sus postulados, alineados totalmente con la industria de la prostitución de Barcelona".

CATAB se reunió con representantes municipales para pedir explicaciones sobre la "nula presencia policial" cuando sufrieron el ataque, ya que antes de la manifestación habían pedido que se garantizase su seguridad en este acto reivindicativo. Les respondieron que hablarían con los organizadoras del acto para saber qué había pasado, aunque todavía no tienen respuesta desde la plataforma feminista.

Más diligencias ante Fiscalía

En declaraciones a este diario, la abogada Núria González, miembro de CATAB, ha valorado positivamente esta investigación por un presunto delito de odio de la Fiscalía. "Llevamos muchos años sufriendo agresiones en la manifestación del 8M, que siempre ha estado organizada por la misma entidad que recibe dinero público".

González ha remarcado que cada año denunciaban ante los Mossos, pero que esta vez han decidido acudir a la Fiscalía porque, según mantiene, "las imágenes son claras: son mujeres de la propia organización las que agreden a otras mujeres". Además, añade que la denuncia por un posible caso de odio es por ir en contra de "un grupo exclusivamente de mujeres" que pensaban diferente, al tiempo que destaca que "este ataque no fue fortuito sino planificado desde las propias asambleas" en las que "se supone que se organiza la manifestación del Día de la Mujer".

En este sentido, las denunciantes quieren presentar a la investigación de la Fiscalía la declaración de varios testigos que acudieron a estas asambleas. También han pedido que se retiren les ayudas públicas a Ca La Dona. González espera que este procedimiento abierto sirva para que, "por fin, las mujeres puedan ir tranquilas al 8M en Barcelona" y que "el feminismo radical y abolicionista no sea agredido en los propios espacios de mujeres". 

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