Alerta de la Síndica de Greuges: "La Administración no está preparada para la Catalunya de los 8 millones"

Panorama preocupante el que describe la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, en su informe anual sobre la situación de los servicios públicos y asistenciales en Catalunya. "La Administración no está preparada para la Catalunya de los 8 millones de habitantes", alerta.

"El modelo de integración actual no garantiza la equidad y la cohesión social"

Un aviso que parte de la base del incremento demógráfico -desde el 2000, la población catalana ha aumentado en casi dos millones de personas-, y de que ese aumento es mayoritariamente (71,2%) de ciudadanos de origen migrante, llegados del extranjero. Con estos dos factores sobre la mesa, y analizados los servicios asistenciales, el informe de la Síndica, que ya tienen en sus manos el Parlament, pone el foco en los más vulnerables y advierte de que "el modelo de integración actual no garantiza la equidad y la cohesión social, por lo que la población de origen migrante tiene un acceso desigual a las oportunidades de bienestar social".

El informe desmonta los bulos de que la población extranjera recibe más ayudas que la autóctona

Con datos en la mano, desmonta los bulos de que la población extranjera recibe más ayudas. Así, el informe señala, por ejemplo, que la población migrante tiene el triple de posibilidades de sufrir riesgo de pobreza, más del doble de tasa de paro y más del doble de dificultades de acceder a una vivienda. Sin embargo, accede menos a los servicios públicos y se beneficia menos de las ayudas de la Administración.

El 3,7% de población migrante en situación de pobreza percibe renta garantizada, frente al 7,5% de población autóctona

Concretamente, accede dos veces menos a las prestaciones sociales: el 3,7% de la población extranjera en situación de riesgo de pobreza percibe renta garantizada de ciudadanía (RGC), frente al 7,5 % de la población de nacionalidad española que se encuentra en la misma situación.

Asimismo, las personas migrantes accede cerca de tres veces menos a la educación infantil de primer ciclo (14,9 %, frente al 52,4% de autóctonos) y tiene cerca de tres veces más posibilidades de abandono escolar prematuro (38,2 %, frente al 13,0%).

Además del factor demográfico, la Síndica señala otro elemento significativo de cambio social que supone un reto para la Administración: el empobrecimiento de la población por efecto de las crisis económicas de 2008 y de la pandemia, y también por efecto de una coyuntura global que ha contribuido a aumentar la inflación.

En 2022, la tasa de riesgo de pobreza para el conjunto de la población catalana se situaba en el 19,9% en 2022, y afectaba a cerca de 1,5 millones de personas. La pobreza severa se sitúa en el 9%, y afecta a cerca de 700.000 personas, cuando en 2013 era del 6,1%.

El envejecimiento de la población es el cuarto reto no suficientemente atendido por la Administración. Un reto que supondrá menos contribuyentes para financiar las prestaciones sociales y más población con necesidades de atención. En dos décadas, la población mayor de 65 años ha pasado del 17,2% correspondiente al año 2003 al 19,4% del año 2023. La proyección es que el año 2050 esta proporción haya crecido hasta el 28,9%. En 1980 el peso de la gente mayor era del 11%.

Las carencias del sistema

Ante este panorama, el informe denuncia que "la Administración no se ha adecuado a las nuevas necesidades sociales" y señala las principales carencias, que se pueden resumir en largas esperas, coberturas insuficientes, barreras de acceso a los servicios, ya sea por burocracia o brecha digital e informativa y déficit de acompañamiento.

Así, el informe considera "excesivamente largo" el tiempo de respuesta de la Administración. "Por ejemplo, las listas de espera en el ámbito de la salud no se han conseguido reducir en los últimos años: en octubre de 2023 había más personas que el año 2017 en lista de espera para intervenciones quirúrgicas (195.270 personas) y para pruebas diagnósticas (170.262 personas). Las quejas recibidas en la institución en este ámbito también han crecido: de 671 en 2018 a 989 en 2023.

Asimismo, la Sindicatura ha detectado "retrasos en la tramitación de las prestaciones económicas, como el RGC o la prestación por dependencia, que hacen que estas herramientas pierdan eficacia porque en ese tiempo no se cubren las necesidades sociales que quieren compensar".

Sobre las coberturas insuficientes, el informe expone que "el RGC no llega a todas las personas que están en situación de necesidad: sólo el 18,9% de la población en situación de privación material severa del colectivo activable laboralmente ha percibido una RGC en 2023" y denuncia que "teniendo presentes los beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV), más de la mitad de la población en situación de privación material severa no percibe ingresos procedentes ni del IMV ni del RGC".

También recoge este balance las carencias de vivienda social y los problemas para atender las emergencias habitacionales. Afirma que hay casi 3.000 familias esperando la asignación de una vivienda. Y alerta que desde la pandemia están aumentando las familias que se dirigen a la Sindicatura para denunciar los problemas para acceder a una vivienda y quejarse de las políticas públicas en este ámbito: se ha pasado de recibir 244 quejas en 2021 a recibir 409 en 2023.

Un tercer punto de carencias alude a los problema que las personas vulnerables pueden tener para acceder a los servicios. "El desconocimiento, la falta de habilidades para gestionar el acceso a las prestaciones, el carácter restrictivo de los requisitos de acceso, los problemas de funcionamiento de los servicios o las trabas burocráticas son algunos de los obstáculos", señala el documento. En este sentido, el informe denuncia que todavía existen administraciones que mantienen la cita previa como requisito absoluto y general para acceder a sus oficinas de atención ciudadana y registro.

Advierte también que la digitalización de la Administración puede limitar el acceso a determinada población vulnerable por efecto de la brecha digital.

Añade que la falta de integración del sistema de prestaciones de carácter económico obliga a las personas a estar informadas de las diferentes ayudas que hay ya hacer trámites adicionales, generando barreras en el acceso.

Respecto a los déficits de acompañamiento, el informe considera que "el modelo de intervención de los servicios sociales básicos es todavía demasiado asistencialista y de control: vela por cubrir las necesidades más básicas y dar respuesta a las situaciones de emergencia social, y no tanto para acompañar a las familias con un abordaje terapéutico para mejorar su autonomía".

El informe también pone de manifiesto que cerca de 100.000 personas en Catalunya están institucionalizadas en centros de protección, centros penitenciarios, residencias de gente mayor. Y lamenta la falta de recursos alternativos, como por ejemplo familias de acogida, medidas penales alternativas y atención domiciliaria integral.

Las 10 propuestas

Hecho este balance, la Síndica plantea 10 propuestas para "transformar" la Administración. Son las siguientes.

• Modelos alternativos a la institucionalización de las personas; es decir alternativas a los centros residenciales clásicos como única opción de atención

• Un sistema integrado de políticas de apoyo y acompañamiento a las familias con niños a cargo

• Un modelo de servicios sociales integrado, de acceso universal y orientado a la prevención y al acompañamiento de las personas

• Una atención integral en el ámbito de la salud

• Una estrategia nacional que consolide un modelo de acogida de la población migrante y ponga el acento en las garantías de ascensor social y en la cohesión

• La promoción del parque de vivienda social

• Un plan de mejora del éxito educativo

• La planificación de ciudades armoniosas con las necesidades y los derechos de las personas

• Un pacto contra el cambio climático

• Una estrategia de transformación de la Administración para hacerla más eficiente, eficaz y amable