El Gobierno busca que el IMV, la prestación que "no es una paguita", llegue a más gente: "Es una ayuda para asegurarse el futuro"

Elisa del Carmen Martínez trabajaba en Venezuela como jefa de nóminas. Tenía secretaria, asistente y 18 centros de salud a su cargo. Cuando llegó a España -tiene la doble nacionalidad,- una trabajadora social le ofreció ayuda. "Lo vi como una ofensa", asegura. Pero le insistió: "Me dijo que me iba a permitir avanzar y trabajar; que era un incentivo con el que poder planificarme y saber el objetivo de la vida que quería". Dicho y hecho. La también madre de un hombre de 29 años con "retraso, parálisis y autismo" accedió al Ingreso Mínimo Vital.

"Aquí tenía que empezar de cero. Cuando allá en Venezuela algunas me preguntan que qué hago, explico que lo que pagaba en Venezuela por hacer: limpiar. Allí, a veces hacía gratis algo por lo que aquí me remuneran. No me siento ofendida: voy dispuesta a salir adelante. A los 53 años siempre digo que nunca es tarde para empezar", afirma. Añade que no se cierra a la posibilidad de colaborar para que otras personas también consigan la prestación. Al final, razona, cuando por fin acceda a un puesto indefinido y esté tranquila, utilizarán sus impuestos para que ella misma contribuya a otras personas: "Es la reciprocidad del sistema".

En España, desde que se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital hace ya casi cuatro años, la prestación ha llegado a 750.000 hogares con 2,2 millones de personas, cuya edad media es de 28 años. En dos de cada tres familias la titular es una mujer. Además, casi un millón de perceptores son menores de edad, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pero podría llegar a bastante más gente. La Fundación Alternativas, a través de su informe 'El Ingreso Mínimo Vital. Evaluación de los tres primeros años de la gran iniciativa de protección social', publicado recientemente, urge a la administración a que financie la colaboración efectiva de los trabajadores sociales de comunidades autónomas, ayuntamientos y ONGs, para permitir que el IMV sea más conocido, y que su aplicación sea más adecuada a la heterogénea realidad de los beneficiarios. A día de hoy, señalan, aún existe un "elevado" número de personas en situación de pobreza severa que desconocen su existencia, pese a haberse aprobado en junio de 2020.

Una prestación "viva"

La brecha de cobertura es, a día de hoy, el principal reto de esta prestación, como han señalado distintos expertos en la jornada 'IMV, una política más viva que nunca'. Por eso, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado la puesta en marcha del teléfono 020, un nuevo servicio público para reforzar la información y resolver consultas de los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital. Este número, que se está tramitando y esperan que esté operativo este mismo verano, irá aparejado con un aumento de la plantilla del 40%.

"Es una declaración de intenciones. Las causas que son prioritarias para el Gobierno cuentan con un teléfono corto: violencia machista, ciberseguridad ciudadana, salud mental, atención al suicidio… En este caso, queremos acercarnos a las personas con derecho a la prestación de una manera más ágil y sencilla", ha subrayado la ministra. La medida se engloba en un nuevo Plan Integral de Accesibilidad que será la hoja de ruta en esta legislatura, y que está marcada por tres pilares: agilización de procesos, cercanía y accesibilidad, y transparencia.

En este sentido, Saiz ha asegurado que la colaboración de las comunidades autónomas es fundamental, al poder complementar el IMV con sus propias rentas mínimas autonómicas. "Juntos podemos impulsar políticas de inclusión decisivas para luchar contra la pobreza extrema", ha indicado. Saiz también ha recordado que en 2023 se puso en marcha un instrumento para ayudar a los perceptores a incorporarse al mercado laboral: el incentivo al empleo. Era uno de los objetivos del componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

"El IMV es una prestación viva y compatible con el empleo, a diferencia de las rentas mínimas de las comunidades autónomas", ha recalcado. Por ejemplo, Auristelia Rodríguez, otra de las beneficiadas que ha participado en el programa, explica que ella está compatibilizando la prestación con su trabajo a media jornada. Ella, que ha ayudado a varias personas a conseguirla, también reconoce que no es fácil acceder a ella. "No es una paguita", ha querido dejar claro Manuel Fuentes, otro de los cuatro beneficiarios que han compartido sus historias en la jornada. Dejó de percibirla este mismo mes de enero. "Se debe aprovechar esa ayuda, aprovecharla para salir adelante y conseguir una mejor historia, no vivir de ella", señala.

Por su parte, Desirée García, una mujer gitana de 29 años y madre de cuatro hijos −el primero lo tuvo con solo 15 años−, recibe la prestación desde hace dos años. Antes fue beneficiaria del Ingreso Mínimo de Solidaridad de Castilla La Mancha. Con esta ayuda cubre los gastos de alquiler, suministros y alimentación del hogar. También ha participado en el piloto de inclusión de Cruz Roja y gracias a él ha obtenido el Certificado de Profesionalidad de actividades auxiliar de almacén, busca empleo para retomar su vida laboral.

"Tener hijos y cargas no es una excusa para no salir. La prestación es una ayuda para ahora, pero es que te tienes que asegurar un futuro", indica. Para lo que sí le ha ayudado todo esto es para saber lo que vale. Para llegar y decir: "Yo estoy hecha para este puesto", afirma.

Más de 30 proyectos piloto

En esta jornada también han participado Borja Suárez Corujo, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones; y Mónica Martínez-Bravo, secretaria General de Inclusión, quienes han detallado las medidas adoptadas desde 2020 para potenciar la eficacia de esta política de renta mínima de garantía y han reconocido que todavía "hay margen de mejora".

Seguridad Social publicará el próximo 29 de febrero nuevas estadísticas con los datos de hogares que perciben el IMV cada mes (saldo vivo) y se conocerán también en breve los resultados de los 34 itinerarios piloto vinculados al IMV y financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). "Estamos en un momento apasionante de recogida de resultados de los proyectos, que cuentan con la metodología más avanzada y han ayudado a más de 80.000 personas", ha asegurado Martínez-Bravo. Que los análisis que se hagan sobre el IMV sean "muy pausados y profundos" servirán, en su opinión, para seguir avanzando en una prestación que es clave para miles y miles de ciudadanos que viven en España.