Acuerdo para dotar con más plazas y mejores condiciones laborales la atención primaria

Aunque la reunión empezó con las espadas en alto y con las autonomías del PP acusando a la ministra de Sanidad, Mónica García, de “negacionista” por no reconocer la falta de médicos de Atención Primaria, finalmente la cumbre sobre el primer nivel asistencial ha terminado con un principio de acuerdo.

Aún faltan más reuniones e intercambios de propuestas, pero la intención es acordar un mecanismo que permita un aumento del número de plazas de médicos de familia y una mejora de sus condiciones laborales, para que los profesionales recién formados no se “fuguen” a otros países o áreas sanitarias.

“Nos hemos comprometido a buscar soluciones. Hemos coincidido en seguir trabajando en los profesionales que faltan y en lo que les falta”, ha señalado García tras el Consejo Interterritorial monográfico destinado a los problemas detectados en el primer nivel asistencial.

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Los déficits

Esta misma semana se ha conocido el Barómetro Sanitario de 2023 que indica que el 70% de los pacientes tiene que esperar 9,12 días para conseguir una cita en el centro de salud, cuando los estándares marcan que este tiempo no se demore más de 48 horas. El motivo, además de problemas organizativos, tiene que ver con una falta de financiación histórica. El presupuesto que las comunidades destinarán a Atención Primaria en 2024 ha crecido solo tres centésimas en relación a un año antes: del 14,99% al 15,02%, aún muy alejado del 25% que reclaman los profesionales.

El déficit de financiación y los recortes que hubo con la crisis económica se traduce en una falta de profesionales sanitarios que implica una pérdida de 5.500 médicos en los últimos cinco años y que en los próximos años se vayan a necesitar más de 9.000.

De ahí que las autonomías del PP hayan exigido la creación de 1.000 plazas de médico de Familia al año durante esta legislatura, que ha sido una de las exigencias con las que han entrado en la reunión, pero que después han rebajado.

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La acreditación

De hecho, para formar a los médicos no solo es necesario que el ministerio convoque más plazas para estudiar la especialidad, sino que las autonomías puedan “acreditarlas”; es decir, que puedan efectivamente impartir esa formación, con los tutores correspondientes, en los centros de salud. El problema es que la acreditación de plazas es bastante rígida y no permite a las comunidades ofertar todas las plazas, de ahí que las autonomías hayan pedido una revisión de los requisitos exigidos, que se va a estudiar durante este mes.

“Nos ofrecemos a estudiar la singularidad de cada comunidad y de por qué no son capaces de incrementar las plazas, para ver cómo podemos solucionarlo”, ha señalado la ministra. Mientras que el consejero de Aragón, José Luis Bancalero, ha dado una pista de por dónde podría ir la flexibilización en la acreditación: que se permita que el alumno tenga varios tutores, como sucede en la formación especializada que se imparte en los hospitales, para que no esté atado a la disponibilidad de un único tutor.

Las condiciones laborales

Más allá de esta revisión, las comunidades se han comprometido a mejorar las condiciones laborales de los profesionales, según García. Esta promesa, ha detallado la ministra, se tiene que traducir en la revisión de sus competencias (algunas sociedades médicas piden que las enfermeras puedan ver a los pacientes crónicos) y en la desburocratización de su carga de trabajo, para que puedan estar más pendientes de la atención médica que de hacer informes o partes de baja.

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Asimismo, “hay que atajar la sobrecarga de trabajo, las consultas con 60 pacientes al día y los contratos precarios” porque no sirve “generar profesionales si el entorno expulsa el talento”, ha subrayado la ministra. Y ha puesto como ejemplo que el 9% de los residentes de Medicina de Familia abandonan esta especialidad y cuando terminan hay una “fuga” de entre un 30% y un 90% -en función de la comunidad- que no ejercen.

Las mascarillas

También han acordado que este verano los residentes de último año que terminan su formación en septiembre, debido a que el covid retrasó su incorporación, puedan ejercer de forma autónoma y sin tutores para cubrir las vacantes por las vacaciones.

Asimismo, ante el fin de la ola de gripe, han acordado que decae en todas las autonomías la obligación de llevar mascarilla en los centros sanitarios. 

A la reunión no ha asistido Manel Balcells: el conseller de Salud se reunió la semana pasada con García y el Govern pretende tener una relación bilateral con el Ministerio de Sanidad, no multilateral.