Comisión en el Parlament
El prior de Montserrat reclama combatir la pederastia y ayudar a las víctimas
Montserrat se niega a indemnizar a la víctima que destapó los abusos sexuales en la abadía
El Parlament registra una ley para que no prescriban los delitos sexuales graves contra niños
![Bernat Juliol, el prior de Montserrat avisa de que nunca se ha negado a pagar una indemnización para la reparación de las víctimas de abusos sexuales](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d0a00c06-7c9b-44a9-a435-ce1b0d7e18a3_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
ACN
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El prior de la abadía de Montserrat, Bernat Juliol, ha subrayado este lunes que "hay que afrontar" los casos de pederastia, así como ayudar y reparar a las víctimas, a la vez que ha subrayado que los abusos sufridos por menores son un problema que afecta a toda la sociedad.
Juliol evita valorar el caso de Miguel Ángel Hurtado, la víctima que destapó los abusos en la abadía y a la que no acepta indemnizar
Son declaraciones que ha hecho durante su comparecencia en la comisión del Parlament que investiga la pederastia, el mismo día en que EL PERIÓDICO ha publicado que el Monasterio de Montserrat rechaza pagar una indemnización de 150.000 euros a Miguel Hurtado, el denunciante que destapó los abusos sexuales en la abadía, escándalo que se ha saldado con tres monjes acusados y alrededor de una quincena de víctimas localizadas.
Al respecto, Juliol ha asegurado que nunca se han negado a pagar una indemnización destinada a la reparación de una víctima de abusos sexuales y que la abadía está "abierta" a ofrecer este tipo de compensaciones. En este sentido, ha dicho que la única vez que recibió una petición para pagar el coste de una terapia psicológica a una víctima, la abadía respondió de forma afirmativa.
Sin embargo, ha rechazado valorar el caso de Miguel Ángel Hurtado por "respeto al Estado de Derecho". Ha argumentado que la responsabilidad civil de los hechos denunciados está prescrita y que éstos nunca se han enjuiciado. Hurtado presentó una demanda civil, una vez se agotó la vía penal, que acusaba al monasterio de haber encubierto los abusos que cometió un monje que ahora ya está muerto.
Montserrat argumenta que la responsabilidad civil de los hechos está prescrita
Ahora, la abadía ha negado que encubriera nada y ha rechazado abonar esos 150.000 euros que Hurtado ha pedido por las secuelas que asegura haber sufrido. "Es un tema que está bajo juicio y nosotros respetamos los procesos judiciales y la autoridad judicial", ha insistido Juliol.
El prior ha vuelto a pedir perdón por los abusos sexuales que hayan podido cometer monjes de Montserrat. "Nos sentimos avergonzados por los comportamientos que hayan podido tener miembros de nuestra comunidad", ha asegurado.
En su comparecencia, el prior ha defendido que los abusos a menores "hay que afrontarlos, hay que juzgar lo que se tenga que juzgar, hay que ayudar a las víctimas, repararlas", tanto en la Iglesia como fuera de ella. Y se ha mostrado partidario de "depurar responsabilidades".
"Los abusos a menores hay que afrontarlos, hay que juzgar lo que se tenga que juzgar, hay que ayudar a las víctimas"
Asimismo, se ha mostrado a favor de alargar los periodos de prescripción y el momento en que se inicia este cómputo de tiempo. Todo ello, ha apuntado, favorece el "proceso psicológico de aceptación" que necesitan las personas que han pasado por este tipo de episodios.
El prior de Montserrat ha afirmado que la abadía ha colaborado siempre que se le ha requerido en esclarecer y luchar contra los casos de pederastia dentro de la institución. "Los que estamos dentro muchas veces éramos los primeros que no sabíamos qué había pasado. No es que estuviéramos escondiendo cosas y no las quisiésemos decir", ha manifestado.
El religioso también ha explicado que Montserrat ha elaborado un protocolo de prevención de la violencia contra niños y adolescentes, con el objetivo de promover la abadía de Montserrat como un entorno seguro.
Juliol y el presidente de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, Mohamed el Ghaidouni, han sido los únicos que han declarado este lunes en la comisión. Estaban citados la delegada diocesana de Protección de Menores y Adultos Vulnerables del obispado de Girona, Clara Carbonell, y el canciller y secretario general del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos del obispado de Vic, David Gómez. Ambos se han negado a comparecer, pero han vuelto a ser citados para este viernes.
El plante de Carbonell y Gómez se produce después de que la semana anterior el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, fuera citado dos veces en la comisión y rechazara comparecer.
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