Sanidad impone las mascarillas en centros sanitarios pero permite su retirada si la incidencia baja

El Ministerio de Sanidad ha impuesto este miércoles el uso de mascarillas en los centros sanitarios, en contra del criterio de 11 autonomías que no han adoptado esta decisión y critican las formas empleadas por el Gobierno, que no ha logrado consensuar la medida. No obstante, para rebajar el enfrentamiento y atender las alegaciones de los gobiernos autonómicos y la "singularidad" de cada territorio, el Ejecutivo ha decidido permitir que esta obligación se convierta en "recomendación" cuando se registre un descenso de infecciones respiratorias durante dos semanas consecutivas.

Las comunidades contrarias acatarán la medida, pero el País Vasco la recurrirá judicialmente

La orden de Sanidad no contiene, por tanto, un plazo cerrado en el que estará en vigor la medida, sino que esta decaerá si las comunidades así lo deciden, cuando registren la caída de infecciones respiratorias agudas.

La obligación se ciñe a los centros sanitarios pero el Ejecutivo recomienda su uso también en farmacias y centros sociosanitarios

La entrada en vigor

La orden de "actuaciones coordinadas", que se ha ejecutado en aplicación de la ley de cohesión y calidad del sistema sanitario, ha sido comunicada este miércoles a las consejerías de Sanidad y entrará en vigor "a lo largo del día", según ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa. Por tanto, a partir de este jueves, será por completo preceptiva.

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La obligación se ciñe a los centros sanitarios -atención primaria y hospitales-, pero el Ejecutivo recomienda su uso también en farmacias y centros sociosanitarios como las residencias. En un inicio, el ministerio también pretendía obligar a utilizar tapabocas en estos espacios, pero flexibilizó la medida a petición de las comunidades en el Consejo Interterritorial del lunes que terminó sin acuerdo sobre las mascarillas.

El desencuentro

Once autonomías reprocharon a García que no hubiera reunido antes a la ponencia de alertas y a la comisión de Salud Pública que congrega a los expertos del Gobierno y las comunidades y que les presentara el documento a consensuar una vez empezada la reunión. Ante el desencuentro, Sanidad dio a las comunidades 48 horas para que presentaran sus alegaciones pero horas después anunció su intención de imponer las mascarillas, sin esperar a recibir las propuestas autonómicas.

Sanidad argumenta que es necesaria la orden para dar "cobertura legal" a las seis autonomías que ya han impuesto el uso de mascarilla

En este contexto, Catalunya decidió no esperar y publicó el martes la orden que obliga al uso de mascarillas en centros sanitarios y que estará en vigor al menos 15 días, ante la evidencia de que la ola de infecciones respiratorias va a más. La diferencia con la medida estatal es que en Catalunya también son obligatorias en centros sociosanitarios.

Como el Govern, otras cinco autonomías han tomado la decisión de recuperar el tapabocas en los espacios donde se juntan enfermos vulnerables, sin esperar a que el Gobierno central mueva ficha. Precisamente, "dar cobertura legal" a estas administraciones ha sido uno de los motivos aducidos por el Ejecutivo para llevar a cabo la orden de "actuaciones coordinadas".

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Pero el argumento no ha convencido a las autonomías contrarias a la imposición, que han señalado que acatarán la orden pero estudiarán jurídicamente si pueden recurrirla. De hecho, la primera en anunciar un recurso ha sido el País Vasco, que ha señalado que la impugnará porque considera que la orden vulnera la legalidad e invade sus competencias. Durante la pandemia, el Ejecutivo central impuso actuaciones en varias ocasiones mediante un real decreto, pero el paraguas legal usado en la emergencia ha decaído, de ahí que se haya tenido que recurrir por primera vez a la ley de cohesión sanitaria.

Otras recomendaciones

El documento que Sanidad ha remitido a las comunidades incluye otras recomendaciones, como que se "continúe alentando a la población" con síntomas de infección respiratoria a reducir el número de interacciones sociales y a usar mascarilla. Asimismo, pide que las comunidades "insistan" en la importancia de toser y estornudar tapando la boca, el lavado de manos y la correcta ventilación de interiores.

El Gobierno recomienda intensificar la campaña de vacunación, dado que la tasa de inmunización es más baja que el año pasado

Por último, les instan a "intensificar los esfuerzos de vacunación realizando llamamientos especiales o flexibilizando las vías de acceso para tratar de alcanzar cifras equiparables a los dos últimos años". Esta recomendación viene motivada porque este año la tasa de vacunación tanto de covid como de gripe es inferior a la del año pasado.

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Al mismo tiempo, del documento ha desaparecido la referencia a la posibilidad de que los ciudadanos autojustifiquen tres días de baja por enfermedad leve, con el objetivo de desburocratizar la atención primaria y eliminar visitas a los centros de salud, ahora tan saturados. No obstante, la intención del Gobierno es hablar con todos los agentes implicados con el fin de implantar esta medida en un futuro, cuando esté consensuada.