Propuesta a las CCAA

El Ministerio de Educación propone prohibir el móvil en primaria y restringirlo en secundaria

Educació asume el informe del Consell Escolar que plantea una primaria sin móviles y restricciones en la ESO

Todos los centros educativos catalanes deberán tener regulado el uso del móvil el próximo curso

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, preside la Conferencia Sectorial de Educación.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, preside la Conferencia Sectorial de Educación. / EP

EFE / EP

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El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes propondrá a las Comunidades Autónomas prohibir el teléfono móvil en primaria y regularlo en secundaria. La idea del Gobierno es que los niños no podrán utilizar teléfonos móviles en la escuela hasta los 12 años, y a partir de esa edad solo lo podrán hacer bajo supervisión y demanda del profesor, en caso de que sea necesario para el proyecto pedagógico de su asignatura.

La ministra Pilar Alegria ha explicado la iniciativa en rueda de prensa y ha añadido que el ministerio tiene previsto llevar la propuesta a una reunión el próximo enero con las autonomías y el Consejo Escolar. Alegría también ha indicado que buscará consensuar la medida con los distintos actores implicados.

El Gobierno apuesta porque los niños no podrán usarlos hasta los 12 años y a partir de esa edad solo lo podrán hacer bajo supervisión y demanda del profesor

Según ha añadido la ministra, la propuesta para secundaria incluye también que los alumnos no puedan utilizar los aparatos ni a la hora del patio ni en el comedor, en los centros donde se ofrece este servicio para la etapa de secundaria.

"La educación no puede ser la respuesta a todo pero sí debe ser parte de la solución", ha afirmado la ministra. El Ministerio también se compromete a seguir trabajando en la formación digital de docentes y alumnos para lograr un uso "correcto y saludable" de los dispositivos móviles, así como el conocimiento y los riesgos y beneficios del mismo.

La Conferencia Sectorial de Educación acuerda el reparto de 330 millones de euros a las comunidades autónomas

La Conferencia Sectorial de Educación se ha reunido este miércoles por primera vez en esta Legislatura para abordar cómo se resuelven los trámites para la incorporación de los alumnos en prácticas de Formación Profesional a la Seguridad Social y aprobar el reparto de 330 millones de euros a las comunidades autónomas, en una reunión presidida por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

A partir del 1 de enero los alumnos en prácticas de Formación Profesional y los universitarios empezarán a cotizar a la seguridad social. Esta medida afectará a 1.100.00 estudiantes en prácticas de FP, que empezará a cotizar en 2024. El Gobierno cubrirá el primer año de cotización de los alumnos en prácticas.

Durante la reunión, el director de la Tesorería General de la Seguridad Social, Andrés Harto, ha asegurado que han mantenido hasta 172 reuniones con las comunidades autónomas para abordar la cotización de los estudiantes en prácticas, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.

Aprobado el reparto de 330 millones

Por otro lado, los fondos aprobados, cuya distribución recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado 7 de noviembre, servirán para crear 76.479 nuevas plazas de Formación Profesional, por lo que las comunidades autónomas recibirán 143 millones de euros; así como 21.794 plazas públicas y gratuitas del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años), gracias a una inversión de 142,4 millones de euros.

El tercer acuerdo implica la transferencia de 1,6 millones de euros correspondientes al programa Código Escuela 4.0 para formar en programación, robótica y pensamiento computacional a 5,5 millones de alumnos y alumnas de centros públicos y concertados.

El Ministerio y las comunidades autónomas también han abordado una nueva partida presupuestaria destinada a sufragar los gastos derivados de la escolarización de niños y jóvenes desplazados a España por la guerra en Ucrania.

Desde el inicio del conflicto, más de 38.000 personas han llegado a centros educativos no universitarios del país. Las comunidades recibirán 41,9 millones de euros para la contratación de personal docente de refuerzo y auxiliares de conversación, ayudas para transporte o la compra de libros y material escolar, entre otras.

Asimismo, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha convocado, el próximo 18 de diciembre, una reunión de la Comisión General de Educación para abordar con las comunidades autónomas el Real Decreto de umbrales, que regula las becas, la orden que regula la EBAU y próximas actuaciones en materia de Formación Profesional.