Análisis de las ayudas sociales: 225.000 hogares catalanes no pueden salir de la pobreza extrema

El complejo sistema de ayudas y prestaciones sociales (es decir, las pensiones, el IMV, el paro o la Renta Garantizada) logran sacar de la pobreza extrema a 936.000 familias en Catalunya. Sin embargo, hay 225.000 hogares, muchos de ellos con menores, que o bien perciben prestaciones insuficientes para salir del hoyo económico en el que se encuentran o directamente no pueden acceder a dichas ayudas. Este análisis se desprende del último informe INSOCAT, publicado por la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), que señala algunos colectivos especialmente afectados como son los trabajadores pobres, las familias monomarentales o las personas migrantes. "Si lo miramos desde lejos, el balance es positivo, pero en cuanto vamos con lupa vemos que hay muchos problemas de funcionamiento que están agravando las desigualdades sociales", ha insistido su autor, el experto en Política Social de la UB Manuel Aguilar, en la presentación.

Los datos que ha analizado Aguilar en el informe de ECAS señalan tres problemas claros. En primer lugar se encuentra el enorme escollo burocrático y la fragmentación a la hora de pedir una ayuda social. "Los trabajadores de Cáritas dicen que se están una hora para tramitar una solicitud del Ingreso Mínimo Vital (IMV)", ha resaltado Teresa Crespo, vocal de la comisión de pobreza de ECAS, que señalaba también la brecha digital como uno de los grandes problemas de quienes necesitan una prestación social pero solo pueden tramitarla de forma telemática. "Hay decenas de administraciones distintas que gestionan ayudas diferentes, y entre ellas no hay coherencia ni los mismos criterios: esto provoca mucha complejdad y las personas no saben con facilidad si pueden acceder y cómo", ha criticado Aguilar.

Trabajadores pobres

En segundo lugar, otra de las grandes cuestiones que deben afrontar las administraciones para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía es el cambio de paradigma económicosocial. "El sistema de prestaciones está pensado con un modelo de ocupación viejo: una persona empieza a trabajar a los 16 años a jornada completa hasta los 65. Pero existe el trabajo a tiempo parcial, los contratos temporales... sabemos que hay familias que trabajan pocas horas y tienen pocos ingresos. Ya no encaja este modelo", lamentaba Aguilar.

Crespo ha insistido en la realidad de los trabajadores pobres. "Hay casos flagrantes, como lo ocurrido en el Camp Nou, pero es que el 12% de trabajadores son pobres en este país", ha lamentado Crespo. Tanto Aguilar como Crespo han puesto el ejemplo de la Renta Garantizada en Catalunya, que en la mayoría de casos no permite que sea compatible con el trabajo temporal. "Imaginad una persona que percibe la prestación, encuentra un trabajo de unos meses, deja la prestación y coge el empleo. Luego, cuando lo pierde, debe esperarse al menos cuatro meses para volver a percibir esta ayuda... esto desincentiva mucho", ha lamentado Crespo, que ha pedido adaptar la prestación catalana a esta realidad.

El caso del IMV es aún más escandaloso, según Aguilar. "Les piden la renta de los años anteriores, y nos encontramos que una persona que tiene trabajo, pero el año pasado no, puede cobrar el IMV, pero otra que se ha quedado ahora sin ingresos debe esperarse un año", se ha quejado el experto en Políticas Sociales de la UB. También ha señalado que el IMV prevé ayudas por hijos a cargo para hogares con hasta 30.0000 euros al año. "La gente no lo pide porque piensa que es una ayuda de personas pobres, hay que cambiar eso", ha insistido Aguilar.

Simpapeles y jubiladas

Otros colectivos excluidos de muchas ayudas son los jóvenes de 18 a 23 años y las personas migrantes. Los segundos registran la mayor tasa de pobreza en Catalunya. "Se quedan fuera de muchísimas prestaciones, especialmente aquellos que no tienen permiso legal de residencia ni trabajo: estamos dejando en la exclusión más extrema a miles de familias", ha lamentado Crespo. Navarra y el País Basco permiten el acceso a ayudas sociales a los migrantes sin papeles que estén un mínimo tiempo empadronados o puedan demostrar cierto arraigo social. "La Generalitat debe seguir este ejemplo si queremos mejorar en las tasas de pobreza, especialmente la infantil", ha explicado Crespo.

De hecho, los jubilados son de los pocos colectivos con los que sí se combate buena parte de la pobreza. Sin prestaciones sociales, el 80% de los mayores de 65 años vivirían en la pobreza extrema. Después de las ayudas, mayoritariamente la pensión, solo el 4% sigue en la precariedad extrema. Este 4%, 33.000 hogares, son mayoritariamente mujeres. La brecha de las pensiones es de hasta un 20% inferir en las mujeres. "Es una muestra más de la desigualdad de género, mujeres que no pudieron incoroporarse al mercado de trabajo o que han cotizado menos que los hombres por tener que trabajar menos horas", ha explicado Aguilar.

La conclusión del informe es clara. "¿Las administraciones están garantizando los derechos de la ciudadanía? ¿El sistema cubre las necesidades de una vida digna? La respuesta es no, con matices, pero no", ha sentenciado Crespo, que ha pedido un esfuerzo para cambiar y reformular el sistema público de prestaciones sociales a la realidad actual. Crespo ha insistido en que estas tienen que ser individuales, lo menos condicionadas posibles y de carácter universal. "El camino a seguir es la Renta Básica", ha añadido.