El propietario del macroprostíbulo Paradise de La Jonquera se enfrenta a 52 años de cárcel y multas de 150 millones

José Moreno, propietario del macroprostíbulo Paradise, en La Jonquera, se enfrenta a peticiones de prisión de hasta 52 años por haber participado presuntamente en un fraude millonario gestado por 30 empresarios de clubes españoles donde se ejercía la prostitución. La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra los investigados, entre ellos Moreno y su hombre de confianza, Simón Moruny, según informa 'Diari de Girona', medio del grupo Prensa Ibérica.

El propietario del negocio, José Moreno, y otras 29 personas serán juzgadas por un fraude millonario a Hacienda

Ambos están acusados de ser parte activa de un entramado creado para ocultar beneficios eludiendo las cuotas tributarias de IVA, el impuesto de sociedades y el IRPF. El fraude ascendería a más de 21 millones de euros, según sostiene la Abogacía del Estado, que les reclama que indemnicen de forma solidaria a Hacienda con más de 37 millones de euros y que, además, paguen una multa cercana a los 150 millones de euros.

La Audiencia Nacional los acusa de crear un entramado societario para no pagar IVA, impuesto de sociedades e IRPF enre 2010 y 2014

En cambio, la fiscalía limita el impago al impuesto de sociedades derivado de la actividad de los clubs Paradise y Eclipse entre 2010 y 2014, según el cual el fraude ascendería a unos 3.700.000 euros. A ambos les pide 10 años de cárcel y les reclama, en concepto de responsabilidad civil, que paguen la cantidad defraudada, imponiendo también una multa de más de 7 millones de euros. El juez también les ha impuesto el pago de una fianza, que en el caso de Moreno roza los 200 millones de euros.

Delitos contra Hacienda

Por ahora no hay fecha para el juicio, pero será la Sala Penal de la Audiencia Nacional la encargada de juzgar la causa, que cuenta con seis piezas separadas bajo el nombre de Operación Pompeya. Aunque la fiscalía pedía el sobreseimiento provisional de gran parte de los acusados (pero no de Moreno), el juez desestimó la petición al considerar que hay indicios "sólidos" de que todos los acusados han participado en hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública por los que son acusados.

La investigación, llevada a cabo durante la fase de instrucción, determinó que Moreno formaba parte de un entramado junto a otros cinco empresarios a través de mercantiles utilizando cuentas bancarias de la sociedad Larratruk S.L.

La operativa de esta compañía consistía en la recepción de fondos por liquidación de operaciones efectuadas desde terminales de punto de venta (TPV o datáfonos) instalados en los establecimientos regentados por los acusados. En lugar de constar un determinado establecimiento como acreedor en la cuenta bancaria de los clientes aparecía este mercantil, como si se tratara de la verdadera oferta de un bien o servicio.

Pagos ocultos

En total, la investigación constató la existencia de 136 TPV instalados por Larratruk en los establecimientos de los empresarios, según concluye el auto de apertura del juicio. De esta manera, ocultaban el verdadero destinatario del pago efectuado, y si el cliente no abonaba en efectivo el servicio contratado, el dinero iba a una cuenta corriente de Larratruck, pero siendo autorizado el propietario de la sociedad gestora del club.

En el caso de Moreno, todas las sociedades que poseía estaban pensadas para canalizar el dinero generado en los prostíbulos. A partir de los informes de los peritos de la Agencia Tributaria se apunta que "la puesta en marcha del club Paradise (2010) no se corresponde con la capacidad económica declarada" por el acusado y sus sociedades. Asimismo, “las cifras de ingresos en las cuentas bancarias de Vimetera SL (la sociedad titular del Paradise) son considerablemente más elevadas que los ingresos declarados”.

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