La Síndica critica que la Iglesia aún no ha asumido su responsabilidad ante los abusos: "No son pecado, son delito"

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha señalado con dureza a la Iglesia en su comparecencia este lunes en el Parlament ante la Comisión de Investigación sobre la Pederastia eclesial. "Los abusos sexuales no son principalmente un pecado, sino un delito”, ha señalado Giménez-Salinas. La Síndica ha incidido en que la Iglesia, a pesar de haber hecho un esfuerzo en los últimos años para reconocer el daño causado, todavía "no ha asumido la responsabilidad institucional que le corresponde" ante estos hechos.

La institución, que ya puso en marcha en 2019 una comisión de reparación y prevención de la pederastia en el entorno de la Iglesia y sus centros educativos, ha abogado por unificar el tratamiento de estos casos de pederastia en una única institución, en un "espacio neutral, independiente e interdisciplinario" para asegurar una respuesta unificada que garantice el principio de igualdad y evite que las víctimas deban dirigirse a varios servicios. Pese a que no critica las múltiples comisiones que se han formado en España en los últimos años, ha asegurado que de cara al futuro "estaría bien regularizarlo".

Estudio para "corroborar" el informe del Defensor

La Síndica también ha planteado encargar un segundo estudio para "corroborar" la cifra que se desprende de la encuesta encargada por el Defensor del Pueblo para calcular el número de víctimas. "Si son 200.000, 300.000 o 400.000 ya llegaremos", ha apuntado.

En la investigación que llevó a cabo la Sindicatura –institución que siempre ha abogado por ofrecer una reparación a las víctimas aunque los delitos hayan prescrito–, se exploraron una quincena de denuncias relacionadas con abusos sexuales y concluyó que, en general, la respuesta de las congregaciones religiosas ha sido, en mayor o menor medida, reactiva a la presentación de las quejas, y que no ha habido una actitud proactiva para conocer ni investigar otros casos que pudieran haberse producido en el seno de sus instituciones.

De hecho, en junio de 2023, la Sindicatura también abrió una actuación de oficio en el centro Jesuïtes Casp, después de que antiguos alumnos denunciaran que docentes miembros de la congregación habían cometido abusos sexuales.

Pocas sanciones canónicas

Según la Síndica, la responsabilidad institucional, que va mucho más allá de lo que establece la norma penal y de la prescripción, no ha sido aún asumida por la Iglesia. De esta forma, Giménez-Salinas ha denunciado que a lo largo de la historia no se ha reconocido esta responsabilidad, lo que debería haber derivado en una investigación exhaustiva para conocer el número de casos y en la denuncia de los abusos en la justicia penal ordinaria. Y ha añadido que a menudo tampoco se han aplicado las sanciones canónicas correspondientes, ni se han retirado reconocimientos otorgados por la congregación.

En el caso de los abusos, la Síndica también ha cuestionado la figura de la prescripción, al entender que "no hace que el hecho delictivo desaparezca, sino que solo extingue la responsabilidad penal". "El transcurso del tiempo no cura las heridas de las víctimas, no hace que la verdad desaparezca y no convierte a los culpables en inocentes", ha añadido.

En estos casos, Giménez-Salinas defiende que hay que poner a las víctimas en el centro y buscar la manera de que reciban una reparación, más allá de los años que hayan transcurrido. Así, propone, siempre que los afectados así lo quieran, encuentros entre las víctimas y los presuntos agresores, o, si no fuera posible, con representantes de la congregación. En estos encuentros, las víctimas deberían poder exponer cómo se han visto afectadas y qué agravios han sufrido en su vida como consecuencia de los abusos.