La mitad de las personas atendidas por Cáritas no tienen papeles: "les obligamos a vivir del aire"

Los migrantes en situación administrativa irregular, sin papales, atendidos por Cáritas han aumentado un 45% en los últimos dos años. Lo ha explicado el director de la diócesis de Barcelona, Salvador Busquets, este miércoles por la mañana en el marco de la jornada 'Irregularidad y empleo, un binomio posible'. Concretamente, durante el 2022 la diócesis de Barcelona ha acompañado a 819 personas recién llegadas con los trámites de primera acogida y otras 800 que ya estaban en el país en el proceso para regularizar su situación. Busquets ha pedido la complicidad de las empresas para regularizar personas "con potencial y ganas de trabajar" y ha denunciado la lentitud de la administración pública: "Durante tres o cuatro años les obligamos a vivir del aire y no les abrimos la puerta ".

Los hijos de la inmigración de Ripoll: "Aquí, si eres marroquí, te sientes terrorista"

Busquets ha dicho la mitad de las personas atendidas por la entidad en 2022 se encontraba en situación administrativa irregular, asegurando que la cifra ha aumentado en los últimos años. "Más de 12.000 personas atendidas por Cáritas se encuentran en esta situación", ha apuntado la responsable del programa de migración de la entidad, Elisabeth Ureña, quien ha añadido que la actual ley de extranjería obliga a los migrantes a buscar opciones de supervivencia a través de trabajos precarios en la economía informal, a vivir en viviendas con escasas condiciones de habitabilidad ya no poder acceder a las ayudas en materia de vivienda. "Las personas en situación administrativa irregular ven sus derechos especialmente vulnerados", aseveró Ureña.

Expulsados de derechos

"Estamos hablando de personas a las que necesitamos. El 40% de ellos tienen una formación profesional o estudios superiores. Pero los trámites para hacerlo se eternizan. Cuando una empresa les quiere contratar deben esperar ocho o diez meses, y para homologar el título ya ni lo cuento", señaló Dessirée Garcia, responsable del programa de formación e inserción laboral de Càritas Barcelona. García señala que no tan solo es el problema de la ley de extrangería, que impide estas personas tener derechos hasta que logran regularizar su situación, mayoritariamente al cabo de tres años de constar en el padrón municipal, pero además las administraciones no ayudan. "No pueden percibir una prestación social, no pueden acceder a un alquiler ni tan siquiera a una formación reglada", ha lamentado García.

Familias en 'pisos patera': "Somos tantos que tenemos que dormir con el ventilador"

Muchos de ellos, por no tener otra opción, terminan trabajando en la economía informal. "Las mujeres no les queda otra que el trabajo doméstico o el cuidado de personas dependientes: sin contrato, sin seguridad... se ven expuestas a agresiones y abusos sexuales", ha señalado García. La responsable del programa de inserción pide un cambio de paradigma. "No es solo un tema de derechos humanos, es que además necesitamos que estas personas estén aquí, coticen y paguen impuestos para poder sostener el estado del bienestar", ha remachado.

Un proyecto pionero en Catalunya

El director de Cáritas de Barcelona ha destacado que de las personas atendidas durante 2022, una cincuentena de migrantes han regularizado su situación gracias al proyecto ACOL, un programa de trabajo y formación pionero en el Estado impulsado por la Generalitat. La iniciativa consiste en subvencionar la contratación, por parte de entidades sociales, fundaciones y ayuntamientos, de personas en situación administrativa irregular y regularizarla. En la misma línea, Ureña ha expresado que éste es un ejemplo de políticas públicas para facilitar el acceso al empleo. En tres años Cáritas de Barcelona ha regularizado a más de 80 personas a través de este proyecto.

El derecho a tener cuenta bancaria: un incumplimiento que expande la pobreza

Cáritas ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento de Badalona se ha desdicho de conceder las ayudas ACOL a catorce vecinos de la ciudad. Según la entidad, ya estaban los candidatos seleccionados pero el consistorio se ha echado atrás a la hora de "ayudar a regularizar" la situación de estos vecinos, "que tenían una esperanza de futuro". Fuentes del gobierno de Badalona consultadas por el ACN han confirmado que finalmente el consistorio no se acoge a las subvenciones ACOL porque "fomentar planes de empleo por personas migradas en situación administrativa irregular puede provocar un efecto llamada".

La alianza del mundo empresarial

Busquets ha asegurado que el mundo empresarial es una pieza "fundamental" de este engranaje para integrar socialmente a estas personas que buscan una oportunidad laboral. "A pesar de su situación administrativa, son personas competentes, capaces y profesionales y aportan valor añadido a sus puestos de trabajo", ha dicho el director. Busquets ha alentado a más empresas a sumarse a la regularización de personas "con potencial y ganas de trabajar": "Solo así conseguiremos que puedan formar parte del mercado de trabajo ordinario y que contribuyan a la sociedad como cualquiera de nosotros", ha afirmado .