Vender cannabis en máquinas expendedoras: 17 detenidos en una operación policial

Los Mossos d'Esquadrahan detenido a un total de 17 personas en una operación policial ejecutada este miércoles en el Maresme contra el tráfico de marihuana y hachís a través de máquinas expendedoras ubicadas en establecimientos comerciales. Tres de los arrestados son los gestores de una empresa suministraba sus sustancias en un formato similar al de un paquete de tabaco. La venta se hacía en establecimientos como pequeños supermercados, por lo que se han realizado 16 inspecciones administrativas en los puntos de venta. A lo largo de la mañana se ha intervenido un millar de cajas con cogollos y resina, además de 7.000 euros en efectivo, y se han precintado tres máquinas expendedoras. El cuerpo alerta de un resurgimiento de actividades relacionadas con el mercado de la marihuana para llegar al público joven.

La investigación se inició a partir del hallazgo que un transportista realizó en uno de los paquetes que trasladaba, y que se había roto. "Encontró marihuana, nos lo llevó a comisaría e iniciamos la investigación sobre los destinatarios de la sustancia, una empresa de Canet de Mar", explica el jefe de la División de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de los Mossos d 'Escuadra, Josep Antoni López Garzón.

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Cajas con marihuana y hachís

Estirando del hilo determinaron que tenían un entramado comercial con establecimientos donde tenían máquinas expendedoras similares a las de tabaco, pero que en su lugar dispensan cajas con marihuana y hachís en su interior. "En una inspección administrativa en un local decomisamos las cajas y las analizamos, y vimos que, de las 25 muestras que habíamos tomado, 20 tenían una cantidad de THC superior al 0,2%, que es el máximo permitido", señala .

En esta fase de la investigación se llegaron a intervenir cerca de 700 gramos de cogollos de marihuana, así como piezas de hachís y 700 euros en efectivo. La mercancía llegaba hasta siete establecimientos, principalmente del Maresme y la Selva, aunque también en otros del Vallès Occidental, Barcelona y Baix Llobregat, en municipios como Mataró, Cerdanyola del Vallés, Sant Andreu de la Barca o Cardedeu .

Haciendo seguimiento de la actividad de la empresa determinaron su alcance comercial, que había redefinido la forma en que llegaba al consumidor final. Dado que se estaban precintando las máquinas, se optó por vender el producto a través de dispensadores de cartón a los que solo tenía acceso el vendedor del establecimiento, generalmente supermercados de proximidad.

Un producto asequible

Este hecho preocupa a los Mossos, dado que facilita el acceso al producto por parte sobre todo del público más joven, que puede adquirirlo a través de un perfil de comercio donde también se puede comprar alcohol y productos como golosinas. De hecho, en investigaciones anteriores ya se habían encontrado productos a la venta con THC con aspecto de caramelo, haciéndolo muy atractivo para los jóvenes.

Sin embargo, no se ha definido con claridad un perfil tipo del consumidor final. "En un caso, en un control de los Mossos, un conductor dio positivo en alcohol y después en cannabis, y al asegurar que nunca había fumado ningún porro acabó enseñando el paquete que había fumado, que era lo que hoy nos ocupa", apunta a López Garzón.

En su interior estaba la sustancia que en realidad era marihuana, aunque en el mismo paquete se señala que es un elemento meramente decorativo y que no es para el consumo, sea cual sea. La comercialización se hacía con nombres como Orange Cake, Limonchello, Amnesia o Special Sauce, nombres atractivos a la vista pero también en el bolsillo, puesto que tenían un precio de entre 6 y 12 euros.

Responsables de puntos de venta

Más allá de los gestores arrestados, el resto de las 14 personas detenidas son responsables de los puntos de venta, y se prevé que queden en libertad este mismo miércoles una vez que hayan declarado ante los Mossos.

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En total se han hecho una entrada judicial en la sede de la empresa de Canet de Mar y otras tres en los domicilios de sus gestores, además de 16 inspecciones administrativas en establecimientos donde se vendían los paquetes, ya fuera a través de expositores o con máquinas. A los responsables del negocio se les acusa de un delito contra la salud pública, con penas que pueden ir desde el año de prisión hasta los tres.