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Una conferencia telemática.

Una conferencia telemática. / Jose Luis Roca

Michele Catanzaro

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“Es algo muy feo. Algo que me altera. Y hay gente que no es tan fuerte como yo está muchísimo más alterada”. Así describe una investigadora española experta en covid-19 la situación kafkiana en la cual se encuentra, junto con otros científicos. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le reclama más de 13.000 euros en nombre de una empresa polaca. La razón: conectarse a un seminario online para hablar de sus estudios sobre el coronavirus, durante la primavera de 2020, en pleno confinamiento. 

Más de 100 investigadores (cinco de ellos españoles) constan como participantes en la misma serie de conferencias online: una docena, entre 2020 y 2021. Al menos 32 de ellos han recibido desorbitadas peticiones de pago por carta. Al menos cinco de ellos (en España, Suecia y Alemania) están siendo perseguidos por tribunales en sus países, con peticiones de pago que llegan hasta los 80.000 euros en un caso. 

El denunciante es Villa Europa, la empresa polaca que organizó los congresos. Ninguno de los investigadores afectados en España quiso dar a conocer detalles sobre su identidad, por miedo a la reacción de esa empresa. Sin embargo, compartieron documentación con EL PERIÓDICO.

Hablar en congresos es una actividad habitual en ciencia. Normalmente, los investigadores lo hacen gratuitamente o a cambio de un reembolso. En las conferencias presenciales, pueden contribuir pagando pequeñas cuotas. Pero pedir un pago a los ponentes de eventos online es algo inaudito. 

Invitación durante el confinamiento

Esta historia empezó a principios de 2020, cuando decenas de investigadores que trabajaban en la modelización del covid-19 empezaron a recibir invitaciones para participar en webinars, de parte de Matteo Ferensby, alguien que ponía “Universidad de Varsovia” en la firma de su correo electrónico. El ateneo polaco afirma que no ha tenido a nadie con ese nombre entre sus empleados. 

“En plena pandemia, yo como muchos otros científicos estábamos escribiendo artículos sobre los datos que se iban produciendo. Nos llamaban de muchísimos sitios para dar charlas”, explica la investigadora perseguida por un tribunal español. “La petición era amable y correcta”, observa otro investigador español, al cual Villa Europa le ha solicitado más de 12.000 euros por carta. 

Los afectados explican su aceptación por las ganas de ayudar en un momento difícil y por la sensación de desbordamiento del confinamiento. “En ese momento de caos, la petición parecía relativamente creíble”, explica otro investigador español, cuyo nombre sale entre los ponentes, aunque finalmente no acudió. Además, Ferensby llevaba organizando seminarios online desde el 2018, que no habían causado problemas, según sus participantes.

La investigadora perseguida en España preguntó expresamente si había que pagar una cuota y dejó claro que no estaba dispuesta. Pero Ferensby contestó de forma evasiva. En otra ocasión, lo negó expresamente, en respuesta a un participante italiano. 

Foto falsa

Después del acto, los ponentes fueron contactados por una secretaria, cuya foto de perfil del correo electrónico representa una persona con otro nombre. El mensaje pedía que firmaran una cesión de derechos para subir los videos de las charlas a internet. 

Pero en la última página, el contrato obligaba al firmante a pagar 3600 euros en concepto de “trabajo editorial”. La cifra estaba repartida en dos sumas separadas, escritas en letras y no en números, en una larga claúsula en la última página del contrato. 

Meses después, decenas de ponentes empezaron a recibir cartas firmadas por Krzysztof Sienicki, director de Villa Europa, solicitando la suma con altos recargos. Al menos uno de ellos aceptó pagar 7200 euros a Villa Europa para cerrar el asunto. Pero en la mayoría de los casos lo solicitado oscila entre 12.000 y 25.000 euros.

Eso mismo le ha ocurrido a al menos tres de los cinco investigadores españoles citados como ponentes. La investigadora perseguida legalmente en España incluso recibió una llamada de un bufete de abogados español, que actuaba en nombre de Villa Europa. 

Luego, su situación fue a peor. Ella, un científico alemán y tres suecos recibieron comunicaciones de parte de tribunales de sus respectivos países. Estos tribunales han admitido a trámite resoluciones en contra de esos investigadores dictadas por un tribunal de arbitraje polaco, la Pan-Europejski-Sąd-Arbitrażowy (PESA). 

Tribunal cuestionado

Pero el nombre PESA (casi idéntico al de un tribunal de arbitraje conocido, ESA) no les suena a juristas polacos consultados. Además, hasta hace muy poco, la web de ese tribunal constaba como creada por la propia Villa Europa, según el portal who.is.

El caso está sembrado de detalles esperpénticos. Por ejemplo, cuando el comité organizador de los congresos se dio cuenta de la situación y empezó a pedir explicaciones a Ferensby, un miembro del grupo recibió un correo electrónico de otro miembro, que en realidad resultó venir de una dirección falsa

Villa Europa ya tuvo un antecedente en 2018. En ese año, fue obligada por la American Chemical Society a borrar una web, cuya dirección simulaba una que pertenece a esa sociedad científica de EEUU.

Los científicos perseguidos legalmente esperan demostrar que fueron engañados. A la espera de la resolución, el impacto en su carrera es fuerte. Además de los gastos de abogados, su confianza está bajo mínimos. “Hay gente que está muy desencantada”, concluye la investigadora afectada en Madrid.