Proyecto legislativo
Bruselas lanza una tarjeta europea para personas con discapacidad
Propone un documento armonizado y otra tarjeta de estacionamiento que sea reconocida en toda la UE para mejorar los derechos del colectivo
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Una persona en silla de ruedas. / Ayuntamiento de Cornellà
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![Silvia Martinez](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/091be24c-a64d-44b0-9d29-fd829cbcf53b_source-aspect-ratio_default_0.jpg)
Silvia Martinez
Periodista
Bruselas aspira a que las personas con discapacidad tengan un trato preferente en los servicios públicos y privados, el transporte, los eventos culturales, los museos, los centros deportivos y de ocio o los parques de atracciones, independientemente del Estado miembro al que se desplacen. Para ello, la Comisión Europea ha adoptado este miércoles una nueva propuesta legislativa con la que aspira a facilitar el derecho a la libre circulación de las personas con discapacidad. El plan introduce una tarjeta europea de discapacidad normalizada y mejora la actual tarjeta europea de estacionamiento, que tendrán reconocimiento en toda la UE.
"Los derechos de las personas con discapacidad no deben detenerse en las fronteras nacionales. Queremos que estas personas viajen más fácilmente y que algunos de los obstáculos desaparezcan gracias a la Tarjeta Europea de Discapacidad y la mejora de la Tarjeta Europea de Estacionamiento", ha explicado la vicepresidenta y responsable de valores y transparencia, Vera Jourova, sobre un colectivo que, según admite Bruselas, se enfrenta a "barreras estructuraes y desigualdades sistémica"” que limitan su participación en la sociedad.
Por ejemplo, cuando a una persona no se le reconoce la condición de discapacidad en el extranjero, la primera consecuencia es que no puede acceder a condiciones especiales y a un trato preferente al visitar otros Estados miembros, como el acceso gratuito o prioritario, las tarifas reducidas o la asistencia personal. Para resolver este problema, la Comisión Europea propone la creación de un documento normalizado que sirva en toda la UE y garantice la igualdad de acceso a condiciones especiales y un trato preferente. Según ha anunciado Bruselas, este documento será expedido por las autoridades nacionales competentes y complementará a las tarjetas o certificados nacionales existentes.
Tarjeta de aparcamiento
Además, el Ejecutivo comunitario también plantea mejoras a la Tarjeta Europea de Aparcamiento. "Para muchas personas con discapacidad, el transporte privado en automóvil garantiza la autonomía y sigue siendo la mejor o la única forma de viajar y desplazarse con independencia", alega la Comisión que justifica la medida en la necesidad de armonizar los derechos de estacionamiento. La tarjeta tendrá un formato común vinculante que sustituirá a las tarjetas de estacionamiento nacionales para las personas con discapacidad y será reconocida en toda la UE.
Para facilitar el uso y reducir la carga administrativa, la normativa exige a los gobiernos que faciliten las tarjetas tanto en versión física como digital, que pongan a disposición del público las condiciones y normas para la expedición o retirada de las tarjetas en formatos accesibles y que se aseguren de que los proveedores de servicios ofrecen información sobre las condiciones especiales y el tratamiento preferencial para las personas con discapacidad en formatos accesibles. La propuesta, que ahora deberán negociar Parlamento Europeo y Consejo, también insta a los gobiernos a prevér la posibilidad de imponer multas y de exigir medidas correctoras en caso de infracción. Una vez adoptada, los gobiernos tendrán 18 meses de plazo para incorporar el contenido de la directiva en sus legislaciones nacionales.
“Espero que los Estados miembros trabajen rápidamente, dada la importancia histórica de esta iniciativa. Hay que acortar los plazos para que terminemos la legislatura en 2024 con una tarjeta real”, ha defendido el eurodiputado catalán Jordi Cañas que cifra en 87 millones el número de personas con discapacidad en la UE. La iniciativa se basa en los resultados del proyecto piloto que llevaron a cabo en Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Rumanía y Eslovenia entre 2016 y 2018 y en los resultados de una consulta pública reciente con más de 3.300 respuestas, de las cuales el 78 % procedía de personas con discapacidad.
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