Cae en Tortosa una red criminal que vendía documentación falsa a inmigrantes

La Policía Nacional ha desarticulado en Tortosa (Tarragona) una organización criminal que facilitaba documentación falsa a inmigrantes en situación irregular para trabajar en el sector agrícola. En la operación han sido detenidas 22 personas, entre ellas los cuatro líderes de la banda.

Durante el dispositivo policial se practicaron asimismo dos registros domiciliarios en los que los agentes se incautaron de 30.000 euros en efectivo y una impresora láser, entre otros objetos, según ha informado este martes la Policía Nacional en un comunicado.

400 euros por documento

La organización criminal, de origen pakistaní, cobraba hasta 400 euros a cada inmigrante por los documentos falsos o por facilitarle los de otras personas con características físicas similares para poder acceder a contratos de trabajo en el sector agrario, en zonas ubicadas en poblaciones limítrofes de Tortosa.

Para poder formalizar el convenio, los inmigrantes recibían una tarjeta de residencia falsa elaborada por la organización, o bien la tarjeta de otra persona con rasgos parecidos, método conocido como "look alike".

Acusados de cuatro delitos

Las 22 personas arrestadas están acusadas de los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores.

La investigación policial comenzó en marzo de 2022, cuando se detectó en Tortosa la presencia de un entramado criminal especializado en la falsificación y tráfico de documentos falsos.

La red criminal

El entramado desarticulado contaba con una estructura bien definida, en la que las funciones de cada miembro estaban claramente delimitadas entre las tareas de captación, alojamiento y traslado. La red criminal gestionaba domicilios para alojar a los inmigrantes, para lo que tenían que pagar extra.

Además, contaba con una capacidad logística elevada para trasladar diariamente a los extranjeros a los diferentes campos de trabajo, por lo que también tenían que pagar. A lo largo de la investigación, los agentes constataron que la organización contaba con un número de furgonetas y conductores suficientes para transportar a más de 100 personas al día.