Macrojuicio contra un histórico clan de La Mina acusado de narcotráfico y de dominar el barrio

Un total de 29 acusados en el banquillo por pertenencia a grupo criminal y narcotráfico. El primer día de juicio empezó con fuertes medidas de seguridad y un despliegue de Mossos pocas veces visto en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde se ha habilitado el auditorio para celebrar el macrojuicio contra los miembros del histórico clan de Los Manolos de La Mina (Sant Adrià del Besos) y otros allegados. Más de 500 agentes de los Mossos d'Esquadra participaron el 2 de julio del 2020 en la operación Veta que propició la caída de la trama. Los policías irrumpieron entonces en 29 domicilios de seis municipios distintos, aunque el corazón de la investigación se centraba en el barrio de Sant Adrià, lugar donde esta familia siempre ha gobernado en la sombra.

El macrojuicio está previsto que se prolongue hasta el 19 de julio, aunque cabe la posibilidad de que se renuncie a algunos testigos y se acorte el número de sesiones. Seis de los acusados permanecen en prisión. La fiscalía reclama para los procesados penas de hasta 24 años y medio de prisión por diferentes delitos, que van desde pertenencia a organización criminal, hasta tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, detención ilegal y coacciones. La suma de todas las penas que reclama la acusación pública asciende a 240 años de prisión.

La primera operación policial contra Los Manolos se libró hace 37 años, a mediados de los 80. Desde entonces han sido protagonistas asiduos de las páginas de sucesos, casi siempre por tráfico de drogas. La operación de julio del 2020 fue diferente. Hasta entonces, se habían investigado los delitos puntuales y los autores materiales, pero en esta ocasión los Mossos rastrearon de forma global la estructura del clan y se ha podido llegar a la cúspide de una organización.

Tres líderes y subordinados

La fiscalía es clara en su escrito de acusación: los tres principales encausados, entre ellos dos patriarcas, al menos desde el mes de octubre de 2019 hasta julio del 2020, cuando se produjo la desarticulación de la trama, "lideraron el colectivo criminal" conocido por el apodo de Los Manolos, asentado en el barrio de la Mina. La mayoría de los miembros de ese "entramado" tienen vínculos familiares entre ellos, aunque hay otros que, sin tenerlos, presuntamente participaron en algunas acciones.

Todos los procesados formaban un grupo, al entender de la acusación, "con vocación de estabilidad y permanencia", que tenía como objetivo "obtener y compartir un sustancioso e ilícito enriquecimiento patrimonial". Según el fiscal, integraban una trama que actuaba "de una forma coordinada" y sin que existiera una distribución de funciones concreta, ni jerarquía entre sus miembros, "más allá del claro liderazgo de los dos patriarcas", recalca la fiscalía.

El clan está acusado de dedicarse principalmente, aunque no de forma exclusiva, al cultivo, distribución y venta de marihuana, siendo "incesante" la búsqueda de inmuebles para destinar a esta actividad. Los beneficios económicos eran repartidos según el protagonismo de cada miembro. "Dicho afán de enriquecimiento de los procesados" mantuvo "un desprecio absoluto por la integridad física y mental de los consumidores finales", resalta la fiscalía en su escrito provisional de acusación.

Ataques y represalias

El lider de la organización ejercía las funciones de supervisión y control de, sobre todo, los aspectos más relevantes del grupo, especialmente en cuanto a los "incidentes" surgidos con clanes rivales con repercusión en el barrio de La Mina o fuera del mismo. Era informado por otro de los procesados, con "quien compartía protagonismo criminal". Ambos, incide la acusación, decidían precisamente la oportunidad de los "ataques armados" con clanes rivales o "cualquier otra forma de represalia", incluyendo el cierre obligado de sus negocios o la expulsión o destierro del barrio. Los investigadores sitúan en el núcleo duro de la trama a otro procesado. El resto de los encausados, en su opinión, obedecían las órdenes y seguían sus indicaciones.

La mayoría del "entramado criminal", argumenta la fiscalía, dedicaba "sus esfuerzos a la instalación de plantaciones 'indoor' de marihuana", desde su cultivo hasta vigilancia, protección y mantenimiento de las plantaciones. Algunos de los componentes de la trama, según la fiscalía, protagonizaban conductas violentas contra miembros de clanes rivales con el objetivo de "mantener el control sobre el barrio", valiéndose de "todo tipo de armas". Los "ímprobos ingresos" procedentes del tráfico de drogas, alega la fiscalía, los blanqueaban a través de la adquisición de inmuebles y vehículos. Algunos de los procesados también distribuían otras sustancias, como hachís, cocaína y heroína en el barrio.

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