Día de la Mujer

Las mujeres con discapacidad intelectual piden ser tenidas en cuenta en la lucha por la igualdad

El colectivo denuncia que tiene menos acceso a la educación y a los derechos sexuales y mayor riesgo de sufrir abusos

Personas con discapacidad intelectual trabajando

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En la víspera del 8-M, las mujeres con discapacidad intelectual han querido hacerse oír para reivindicar también sus derechos. Recuerdan que ellas sufren una doble discriminación por ser mujeres y por tener discapacidad y reclaman que se incluya su realidad en la lucha por la igualdad de género. 

Es este un colectivo que, según Dincat, entidad del sector, tienen más dificultades para acceder a la educación y a los derechos sexuales y más riesgo de sufrir violencia machista y abusos sexuales, además de una tasa de desempleo más elevada y salarios más bajos. Son situaciones que estas mujeres viven a lo largo de sus vidas y que consideran que esta es una realidad que no está ni lo suficientemente reconocida ni estudiada.

Una de las principales denuncias en las que este año se ha focalizado el colectivo es la gran discriminación en relación al acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Un estudio impulsado por Plena Inclusión España revela, por ejemplo, que el 83% de las mujeres de este colectivo no mantiene relaciones sexuales; el 47% no tiene pareja; el 80% habla poco o nada de sexo y un 60% afirman que no ha elegido los anticonceptivos que utiliza. Solo 6 de cada 100 mujeres con discapacidad intelectual tienen descendencia.

Ante esta situación, Dincat ha instado a las administraciones públicas y a la sociedad en general a asumir el compromiso de impulsar iniciativas que avancen hacia la igualdad de género teniendo en cuenta a este colectivo de mujeres. Además, reclama que ello se haga poniendo en valor el papel de estas mujeres en la lucha feminista, haciéndolas partícipes del movimiento y visibilizando su liderazgo.

Entre las demandas concretas de estas mujeres figura el acceso "eficiente y adaptado" a los servicios de salud, incluidos los de salud sexual y reproductiva, el cumplimiento del pacto del Estado contra la violencia de género teniendo en cuenta a las mujeres con discapacidad a la hora de impulsar políticas de prevención, o la puesta en marcha de políticas de ocupación que reduzcan la alta tasa de paro entre estas mujeres.