Un tribunal condena a la Administración a indemnizar a una madre por "la retirada injustificada" de la tutela de sus hijas

Las abogadas de Fundación Raíces han conseguido que los tribunales den la razón a una mujer búlgara residente en España a la que la administración retiró la tutela de sus hijas adolescentes tras una acalorada discusión por el uso del teléfono móvil. Tras un año separadas, las menores volvieron con su madre, gracias a una sentencia. Ahora, seis años después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condena a la Consejería de Familia a indemnizar con 150.000 euros a la madre y a sus hijas por el daño que les ocasionó “la retirada injustificada” de su tutela. 

“Creo que la gente no es consciente del impacto que supone separar e internar a un menor en un centro. Es un secuestro, no creo que haya otro término para definirlo. Te arrancan de un ambiente conocido y seguro, como es la familia y la escuela, y te llevan a un ambiente hostil y desconocido. Todo esto genera estrés, miedo y desconcierto”, explican las mellizas, que hoy tiene 18 años y estudian en la Universidad de Salamanca. 

Nuestra legislación, a diferencia del resto de Europa, permite que el procedimiento de retirada de tutela se lleve a cabo mediante un procedimiento administrativo que no ofrece garantías"

— Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces

La madre, que reside en España desde hace 20 años, dio a luz a sus hijas en 2003. Cuando las niñas tenían 12 años, la mujer -madre soltera- solicitó la ayuda de los servicios sociales de Ávila, donde vivían, para participar en un programa de intervención familiar que la ayudara a establecer con sus hijas preadolescentes una “relación de parentalidad positiva”.

Discusión por el móvil

El programa consistía en recibir apoyo de una orientadora familiar, que visitaba a la familia en su domicilio. Sin embargo, en enero de 2016, la madre mantuvo con una de las mellizas una fuerte discusión por el uso del teléfono móvil y ambas terminaron forjeando. Las dos hermanas, por indicación de su madre, relataron el incidente en una de las sesiones con los servicios sociales y, sin ninguna intervención más, el programa familiar quedó interrumpido. Tres meses después, sin previa notificación ni información al respecto, trabajadores sociales de la consejería y agentes de la Guardia Civil se personaron en el domicilio familiar y notificaron una resolución administrativa de desamparo de las niñas. “Se las llevaron, en contra de su voluntad, a un centro de menores a 80 kilómetros de su casa”, explica la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.

Sin pedir aclaración

Según la sentencia del TSJ de Castilla y León, la Consejería de Familia separó a la madre de las hijas sin pedirles explicaciones y aclaraciones. El fallo añade que “lo oportuno hubiera sido volver a reunirse con la madre, valorar tras su explicación lo que había pasado y tomar las decisiones oportunas con un mayor refuerzo de la intervención familiar o valorar el interés prioritario de las menores”. 

El TSJ aprecia una actuación “precipitada y desproporcionada de la Administración” y recuerda que los programas de intervención familiar tienen por objetivo preservar la integridad de la familia evitando la separación. “Las niñas, de 12 años, tendrían que haber sido escuchadas. Es muy traumático separar a dos niñas de su madre”, argumentan los jueces. 

Durante el año en que las niñas estuvieron tuteladas por la Administración, la madre apenas pudo ver a sus hijas. Solo podría visitarlas una vez al mes y durante una hora. Los técnicos de servicios sociales, según las abogadas de Fundación Raíces, “se dedicaron a intentar justificar su actuación criminalizando a la madre mediante informes que tan solo repetían mil veces la discusión por el móvil e intentando basar su decisión en apreciaciones subjetivas y juicios de valor sobre modelos de crianza”.

“Este tiempo ha sido el más doloroso de nuestra existencia. La impotencia y verte arrollada por un sistema poderoso que funciona contra ti, que no eres nadie, ha sido como David contra Goliat. Yo pensaba que la Administración estaba ahí para ayudar a las personas vulnerables”, explica la madre.

Procedimiento administrativo

“Después de un año, logramos que las niñas pudieran volver con su madre y tras seis años, se ha reconocido que la actuación de la Administración vulneró sus derechos, pero no puedo dejar de pensar que en nuestro país, miles de familias se enfrentan a situaciones semejantes, porque nuestra legislación, a diferencia del resto de Europa, permite que el procedimiento de retirada de tutela se lleve a cabo mediante un procedimiento administrativo y no judicial, que no ofrece las suficientes garantías ni a los propios niños y niñas ni a sus familias, que ven su familia rota por un mero informe de los servicios sociales”, subraya la presidenta de Fundación Raíces.