Justícia apuesta en su presupuesto por la mediación y las alternativas a la cárcel

La Conselleria de Justícia apuesta en sus presupuestos de 2023 por la mediación para resolver conflictos, las penas alternativas a la prisión y la aplicación del tercer grado o de semilibertad que permite a los condenados acudir a un centro penitenciario solo para dormir. “Queremos empezar a transitar de una justicia retributiva y punitiva hacia una más restaurativa, más humanista, que sitúe en el centro de las políticas a las personas y a las víctimas”, aseguró este martes la ‘consellera’ del departamento, Gemma Ubasart, en la presentación de las cuentas de su área en la comisión de justicia del Parlament.

Otro de los objetivos, con una partida de 18 millones de euros, es el abordaje de la violencia machista en el ámbito de la justicia. Con esos fondos se pretende ofrecer más recursos a los juzgados de violencia contra la mujer (como, por ejemplo, crear espacios para atender con dignidad a las afectadas), a la asistencia jurídica gratuita del turno de oficio, su acompañamiento en los órganos judiciales y también los programas formativos de medidas penales alternativas para este tipo de delitos.

Justícia cuenta este año con una dotación presupuestaria que es la más cuantiosa de la historia, con 1.205,2 millones de euros, 112,9 millones más que en el 2022 (incremento de un 10%). Más del 92% de esos fondos se destinan a la administración de justicia (626 millones) y la ejecución penal (505 millones), aunque también hay previstas partidas para la memoria democrática (5,4, sobre todo para abrir fosas de desaparecidos durante de la Guerra Civil) y la formación e investigación (6,4 millones). De toda esa cantidad, el 85%, como es habitual, va dirigido a pagar los sueldos del personal y para cubrir los gastos diarios. Cabe destacar los 50 millones que irán a parar a infraestructuras, cifra que dobla la cantidad de las pasadas cuentas. Uno de los datos significativos es el aumento del 2,5% de los módulos para los abogados de oficio

“Queremos empezar a transitar de una justicia retributiva y punitiva hacia una más restaurativa, más humanista"

Gemma Ubasart

— Consellera de Justicia

Régimen de semilibertad

La ‘consellera’ ha destacado, entre las actuaciones que tiene previsto emprender, la apuesta por el régimen de semilibertad. “Como sabemos, el tercer grado o régimen abierto es la etapa previa a la libertad, en la que las personas internas empiezan a salir al exterior y vuelven al mundo laboral y familiar”, ha explicado. Su propuesta es llegar al 30% de presos en ese tercer grado en los próximos cuatro años, cuando ahora es el 24%. “Apostamos por el medio abierto para reinsertar más y mejor, para dar segundas oportunidades y también para evitar la reincidencia”, ha apostillado. Las estadísticas desvelan que el número de reincidentes en régimen de semilibertad es un 20% menor que en el resto de la población reclusa. En este sentido, ha apuntado a la inauguración del centro abierto de Tarragona y a que en 2023 se acelerará la ejecución de las obras de uno nuevo en la Zona Franca de Barcelona.

"La prisión ha de convertirse en el último recurso en la gestión del conflicto"

Gemma Ubasart

— Consellera de Justícia

Otra apuesta “clara”, ha sostenido Ubasart, para las medidas penales alternativas a la prisión, como el cumplimiento de la pena con trabajos en servicio de la comunidad o la asistencia obligatoria a cursos de formación. Para ello se invertirá un millón y medio de euros en los próximos dos años para reducir del 37% al 29% las listas de esperas. En los delitos leves, "las medidas penales alternativas son eficaces en la reducción de la tasa de reincidencia y en el éxito de la reinserción”, ha afirmado la ‘consellera’. A su entender, “la prisión ha de convertirse en el último recurso en la gestión del conflicto”, ha recalcado.

La agenda para este año de Justícia también incluye el impulso del sistema de mediación como “técnica imprescindible” para gestionar los conflictos y evitar que algunos lleguen a los juzgados. De hecho, se trata de una herramienta importante para la descongestión de los juzgados. Para ello, el departamento tiene preparadas actuaciones para el fomento de la mediación e invertirá en la digitalización de los procesos de mediación civil. La Generalitat también destinará una partida a dignificar las condiciones de los mediadores e implementar la “mediación exprés", así como mejorar otros servicios.