Indemnizado con 160.000 euros un policía herido en Barcelona tras la sentencia del 'procés'

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha ordenado a la Policía Nacional que indemnice con 165.258 euros a un agente que sufrió un traumatismo craneoencefálico en los disturbios habidos en Barcelona tras la sentencia del 'procés', ya que a los 41 años vio "arruinado su futuro" y se ha tenido que jubilar. El agente, adscrito a la VII Unidad de Intervención Policial con base en Vigo (Pontevedra), fue destinado el 18 de octubre de 2019 a Barcelona en el marco de la "Operación Ícaro", para reforzar el dispositivo policial con motivo de los disturbios en la capital catalana tras la condena a la cúpula del 'procés'. Y sufrió lesiones mientras estaba movilizado ante la comisaría de Via Laietana.

Así lo ha acordado el TSJG en una sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, que da parcialmente la razón al policía que resultó gravemente herido en acto de servicio el 18 de octubre de 2019 y tuvo que ser ingresado en la UCI, y que condena a la Dirección General de la Policía a indemnizarle con 89.858,88 euros por las secuelas de sus lesiones y con 75.399,83 euros por el perjuicio patrimonial por la pérdida de calidad de vida.

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El policía, que se había desplegado en la Via Laietana de Barcelona, en las inmediaciones de la Jefatura de Policía y de la plaza Urquinaona, epicentro de los disturbios, recibió un fuerte golpe en la cabeza que le rompió el casco, por el que cayó desplomado inconsciente al suelo y sufrió un traumatismo craneoencefálico por el que tuvo que ser ingresado varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado grave.

El tribunal concluye en su sentencia, que se puede recurrir, que el agente tiene derecho a ser indemnizado porque se trata de un funcionario policial de 41 años y sin problemas de salud en 2019 pero que, por una "brutal agresión sufrida en el desempeño de su actuación profesional, como guardián del orden público, vio arruinado su futuro, presa de una incapacidad permanente absoluta que le obliga a pasar a la situación de jubilado".

Incapacidad permanente

En concreto, debido a las graves lesiones sufridas, al agente se le concedió en noviembre de 2020 la jubilación por incapacidad permanente para el servicio de Policía Nacional, quedando inhabilitado para toda profesión u oficio. Paralelamente, el agente había denunciado ante un juzgado de instrucción de Barcelona la agresión sufrida, si bien, pese a las investigaciones llevadas a cabo, el autor no pudo ser identificado.

En agosto de 2021, el agente, representado por el abogado barcelonés Javier Aranda, del bufete Aranda, Melgar & Tàsies, solicitó a la Dirección General de la Policía una indemnización de 407.454,26 euros, utilizando como criterio para la valoración de los daños y perjuicios la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

Sin embargo, en diciembre de 2021, la Dirección General de la Policía desestimó su pretensión alegando que su responsabilidad se circunscribía a los gastos para su recuperación, ya asumidos por la administración, y posteriormente se opuso a la demanda judicial del agente y solicitó que se desestimara íntegramente la misma, sin derecho a indemnización alguna, a pesar de la gravedad de las lesiones.