El juez cita como imputados a directivos de Endesa por la muerte de aves electrocutadas

La fiscalía acusa a los investigados de haber incumplido las normas legales que "le imponían la obligación de mantener las redes eléctricas en condiciones técnicas adecuadas y sin dañar o poner en peligro la fauna y el medio ambiente en general". Los tendidos eléctricos distribuidos a lo largo de España ocasionan la muerte de, al menos, unas 33.000 rapaces al año, unas 3.000 en Catalunya. La querella detalla la electrocución de especies protegidas como la cigüeña blanca, el busardo ratonero, el águila culebrera, el azor o el búho real. El simple gesto de desplegar sus alas provoca que toquen los cables y reciban una descarga.

En este sentido, el juzgado de Vic que instruye la causa requirió a finales de 2021, tras la presentación de la querella, que se tomaran las medidas de protección necesarias para evitar la electrocución de las aves, sobre todo cuando se posan en los tendidos y despliegan las alas. De entrada, esa decisión solo afectaba a la comarca de Osona, su partido judicial, por una cuestión de competencias, a pesar de que el fiscal Antoni Pelegrín extendía en su querella este tipo de incidentes a toda la provincia de Barcelona. La fiscalía detallaba en su escrito decenas de episodios de fallecimiento de aves por electrocución.

1.700 instalaciones

Fuentes de Endesa aseguraron a este diario que está previsto que este año se adapten 833 torres eléctricas repartidas por Catalunya para mitigar la electrocución de aves. En el periodo 2020-2024, se prevé actuar en 1.700 instalaciones, reformando y modificando alguna de ellas y colocando elementos de protección, como aislantes, y anticolisión o balizas en forma de pájaro para evitar que las aves se acerquen.

Estas acciones se enmarcan en el convenio de colaboración que la compañía eléctrica firmó en agosto de 2020 con la Generalitat, que es quien establece los postes que deben adecuarse y las prioridades.

Secreto incumplido

Las pesquisas en la fiscalía se iniciaron a principios de 2018, cuando Pelegrín mantuvo una reunión con expertos sobre el problema de la electrocución de aves en las torres eléctricas. En ese encuentro se constató la necesidad de comprobar el nivel del cumplimiento de la legislación por parte de los responsables de las compañías eléctricas en Catalunya. En concreto, si se vulneraba un real decreto del año 2008 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el que se fijaba medidas para proteger a la aves de la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas.

En el caso de Catalunya, en 2012 la Generalitat determinó qué redes de alta tensión que no se ajustaban a las prescripciones fijadas y dio un plazo de un año a las compañías para que presentaran un proyecto para corregir las deficiencias.

Posible incumplimiento

El 16 de junio de 2013, Endesa, según el fiscal, presentó a la Generalitat un proyecto para establecer los criterios de adaptación de las líneas eléctricas aéreas de media tensión a las prescripciones del real decreto en los tramos incluidos en determinadas zonas de protección ambiental, si bien supeditaba su ejecución a la disponibilidad de la financiación prevista en el plan de Inversiones del Ministerio de Medio Ambiente. En opinión de la acusación, la compañía incumplió "con ello las normas legales que le imponían la obligación de mantener las redes eléctricas en condiciones, a pesar de los requerimientos de la Generalitat".

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La acusación pública sostiene que Endesa "está sujeta a numerosa normativa que tiene por objeto compatibilizar la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado con el respeto al medio ambiente". Esta legislación, precisa, le impone "la obligación de adoptar en el ejercicio de su actividad las medidas necesarias para evitar los riesgos o daños que el transporte de la energía eléctrica conlleva, no solo para las personas sino también para la flora, la fauna y, en general, el medio ambiente".

Por tanto, detalla el fiscal, "está obligada a no poner en riesgo o dañar gravemente la biodiversidad que vive en estado silvestre". Cinco años después, concreta la querella, la eléctrica "no había procedido a corregir ninguna línea o tramo entero" y se había limitado únicamente a realizar intervenciones puntuales.