Medio ambiente

El fiscal se querella contra Endesa por la muerte de aves electrocutadas

 Aves electrocutadas en torres electricas en la comarca de la Noguera en 2018

 Aves electrocutadas en torres electricas en la comarca de la Noguera en 2018 / AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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Tras tres años de extensas investigaciones, el fiscal de Medio Ambiente de Barcelona, Antoni Pelegrín, ha presentado una pionera querella por dos delitos ecológicos en los juzgados de Vic contra la compañía eléctrica Endesa (ahora E-distribución), así como contra seis directivos, por la muerte de aves que murieron electrocutadas al posarse en torres o cables de distribución en la provincia de Barcelona. La empresa ha declinado pronunciarse sobre la querella al no tener "notificación oficial", aunque ha precisado que para este año la inversión prevista para proteger las aves es de 4,6 millones de euros y en el 2020 se adaptaron 659 torres, con un coste de 2,2 millones de euros. En el último trienio, según la firma, se han acondicionado 2.000 torres.

La acusación pública atribuye a los encausados el haber incumplido las normas legales que "le imponían la obligación de mantener las redes eléctricas en condiciones técnicas adecuadas y sin dañar o poner en peligro la fauna y el medio ambiente en general". Los tendidos eléctricos distribuidos a lo largo de España ocasionan el fallecimiento de, al menos, unas 33.000 rapaces al año. La querella detalla la electrocución de especies protegidas, como la cigüeña blanca, el busardo ratonero, el águila culebrera, el azor y el búho real, entre otras. El simple gesto de desplegar sus alas provoca que toquen los cables y reciban una descarga.

Las pesquisas se iniciaron a principios de 2018, cuando Pelegrín mantuvo una reunión con expertos sobre el problema de la electrocución de aves en las torres eléctricas. En ese encuentro se constató la necesidad de comprobar el nivel del cumplimiento de la legislación por parte de los responsables de las compañías eléctricas en Catalunya. En concreto, si se vulneraba un real decreto del año 2008 que fijaba medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas. En el caso de Catalunya, en 2012 la Generalitat estableció las redes de alta tensión que no se ajustaban a las prescripciones fijadas y daba un plazo de un año a las compañías para que presentaran un proyecto para corregir las deficiencias.

La querella subraya que Endesa "está sujeta a numerosa normativa que tiene por objeto compatibilizar la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado con el respeto al medio ambiente". Esta norma le impone "la obligación de adoptar en el ejercicio de su actividad las medidas necesarias para la evitación de los riesgos o daños que el transporte de la energía eléctrica conlleva, no solo para las personas sino también para la flora, la fauna y, en general, el medio ambiente". Por tanto, detalla el fiscal, "está obligada a no poner en riesgo o dañar gravemente la biodiversidad que vive en estado silvestre y que puede entrar en contacto con sus instalaciones industriales de transporte de la energía eléctrica".

Solo intervenciones puntuales

En fecha 16 de junio de 2013, Endesa, según el fiscal, presentó en la dirección general de Energía de la Generalitat un proyecto para establecer los criterios de adaptación de las líneas eléctricas aéreas de media tensión existentes en Cataluña a las prescripciones del real decreto del Gobierno central en los tramos incluidos en determinadas las zonas de protección ambiental, si bien supeditaba la ejecución del mismo a la disponibilidad de la financiación prevista en plan de Inversiones del Ministerio de Medio Ambiente. En opinión de la acusación, la compañía incumplió "con ello las normas legales" que le imponían la obligación de mantener las redes eléctricas en condiciones técnicas, a pesar de los requerimientos de la Administración autonómica. Además esta iniciativa sólo contemplaba el ámbito de zonas protegidas, pero no el resto de la red que la empresa también debe mantener en condiciones para evitar la electrocución de aves.

Cinco años después, concreta la querella, la eléctrica "no había procedido a corregir ninguna línea o tramo entero". Al entender de la fiscalía, Endesa "se ha limitado a realizar intervenciones puntuales en algunos supuestos de reincidencia en la electrocución de aves en determinados soportes, sin ejecutar ni poner en práctica un decidido plan para la acomodación a la normativa legal de los soportes eléctricos aéreos".

Con estas actuaciones puntuales, pese "haber sido requerido e informado de manera reiterada de la necesidad de ejecutar un serio y eficaz plan de corrección de esas instalaciones peligrosas", la eléctrica "ha mantenido y consentido el grave riesgo que para la avifauna suponen los múltiples soportes, cuyas conducciones, al carecer de aislamiento, suponen un grave riesgo de electrocución para la aves que entren en contacto con las mismas". Los altos cargos querellados, incide la querella, , "no adoptaron ni han adoptado las medidas adecuadas" tendentes a corregir esta situación.

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Los expedientes

La dirección general de Políticas Ambientales de la Generalitat remitió al fiscal un mapa (de 2014) que localizaba 1.089 tendidos susceptibles de ser renovados en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El 95% pertenecían a Endesa. Después de una década de inacción, la Administración autonómica abrió el año pasado 141 expedientes sancionadores a compañías eléctricas. la mayoría contra Edesa, por incumplir un real decreto estatal que obligaría a adecuar las instalaciones para evitar la electrocución de aves

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