La opinión de los afectados
Los puntos débiles de la ley de familias: el permiso sin sueldo y las ayudas insuficientes
Las entidades saludan la llegada de una norma que amplía las opciones para conciliar y los apoyos a los hogares pero avisan que se queda corta
Patricia Martín
Periodista
Escribo en la sección de Sociedad, normalmente sobre temas sanitarios, de mujeres, violencia machista, infancia o consumo; aunque también he trabajado en otras secciones de El Periódico, como Política o Tribunales. Mi trayectoria profesional comenzó en medios locales, incluida una emisora regional de la 'Cadena Ser', y trabajé también para 'El País' y 'Cinco Días'.
Las familias monoparentales alzaron la voz cuando tuvieron constancia de que la ley de familias, que aprobó el martes el Consejo de Ministros en primera vuelta, dejaba fuera de las ayudas al 70% y no incluía su reivindicación de que los progenitores solos puedan disfrutar del permiso de maternidad y paternidad de forma consecutiva. Y, tras conocer los contenidos que finalmente incluye el proyecto de ley, otros colectivos de afectados aplauden el avance pero señalan que es insuficiente y que la norma queda lejos de los apoyos a las familias que proporcionan otros estados europeos.
Por ejemplo, la norma incorpora la ampliación a más hogares de la subvención de 100 euros al mes que hasta ahora perciben las madres trabajadoras en los tres primeros años de vida de cada hijo pero no es una renta universal, como quería Unidas Podemos, ni se ha ampliado hasta que el niño cumpla 18 años, como llevan años demandando organizaciones de apoyo a la infancia como Unicef. Por ello, Carmen Molina, directora de sensibilización y políticas de infancia de la oenegé avisa de que aunque la ley mejora "el apoyo a la crianza, aún queda mucho por hacer para igualar a países con prestaciones universales de 0 a 18 años".
Otro de los temas que no convence a las entidades es la creación de un permiso sin sueldo de hasta ocho semanas para el cuidado de un menor de hasta ocho años. Como no es remunerado, "solo lo usarán las mujeres con empleos seguros", según la Plataforma por Permisos Igualitarios PPiiNA. De hecho, las actuales excedencias las piden mayoritariamente las mujeres: 14.839 frente a 2.301 hombres en 2022.
La corresponsabilidad
Según este colectivo, este permiso no ayuda a la corresponsabilidad en la crianza y su diseño está "equivocado" porque "los permisos parentales son necesarios antes del acceso a la educación infantil", cuando los niños son más pequeños y "después se necesitan otras medidas de conciliación como el derecho a adaptar la jornada, la flexibilidad horaria, permisos cortos por enfermedad, etc”. La norma recoge, eso sí, dos nuevas bajas laborales, una de cinco días para cuidados a familiares y otra de cuatro días por fuerza mayor, que amplían los dos días actuales y por tanto sí que cuentan con el aplauso unánime de las entidades sociales.
Por otro lado, la PPiiNA (que agrupa a 150 organizaciones) critica que el proyecto legal no corrija la “carrera de obstáculos” que existe actualmente para que los dos padres puedan turnar íntegramente sus semanas de permiso tras un nacimiento, dado que es obligatorio que el padre disfrute de seis semanas de la baja a la vez que la madre y, según la plataforma, esta exigencia dificulta la corresponsabilidad y perpetúa el rol de "madre cuidadora y padre ayudante".
Sin ampliación de permisos
Por su parte, Laura Baena, fundadora del Club de Malas Madres y experta en conciliación, también critica que el permiso de hasta ocho semanas no sea remunerado y que no se haya contemplado la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad tras el nacimiento, que es otra de las pretensiones de Unidas Podemos que han caído por el camino en la tortuosa negociación con el PSOE.
La ley reconoce la diversidad familiar e incorpora más ayudas para los hogares con discapacitados. Sin embargo, Plena Inclusión, la confederación estatal que agrupa a 950 asociaciones de la discapacidad intelectual, saluda el proyecto legal pero "demanda la provisión de mejores apoyos extraordinarios para estas familias que soportan, de acuerdo con estudios recientes, una sobrecarga económica que fluctúa entre 25.000 y 25.000 euros al año".
En resumen, la presidenta de Unión Asociaciones Familiares (UNAF), Ascensión Iglesias Redondo, afirma que el anteproyecto es "un gran avance" para "la protección y el reconocimiento de derechos de las familias en su diversidad", pero al mismo tiempo algunas de las medidas que incluyen deberían haber sido "más ambiciosas".
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