La UE vetará el café, cacao, soja y aceite de palma que procedan de tierras desforestadas

Las estimaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hablan por sí solas. Entre 1990 y 2020 se perdieron en todo el mundo 420 millones de hectáreas de bosques a causa de la deforestación, una superficie más grande que toda la Unión Europea, responsable del 10% de esa pérdida. Para poner coto a esta situación, una nueva legislación europea tratará de impedir la comercialización de productos procedentes de la deforestación. La norma afectará al ganado, el cacao, el café, la madera, el caucho, el carbón vegetal, los productos de papel impreso, el aceite de palma y la soja, y las empresas que quieran comercializar productos de este tipo en la UE tendrán que garantizar que no proceden de tierras deforestadas.

Los representantes del Parlamento Europeo, Consejo y Comisión han cerrado este martes un acuerdo preliminar -todavía por formalizar tanto en la Eurocámara como en el Consejo- que obligará a las empresas a verificar y publicar una declaración de “diligencia debida” de que sus productos vendidos en la UE no han contribuido a la deforestación o degradación forestal en ninguna parte del mundo después del 31 de diciembre de 2020. En realidad, la nueva legislación -Bruselas presentó la propuesta en noviembre de 2021- no prohíbe ningún producto como tal pero las empresas no podrán venderlos si no llegan acompañados de la citada declaración. 

¿Cómo se originó la actual biodiversidad en la Tierra?

Derechos humanos

“La UE es un gran consumidor y comerciante de productos básicos que contribuyen considerablemente a la deforestación, como la carne de vacuno, el cacao, la soja y la madera. Las nuevas normas pretenden garantizar que cuando los consumidores compren estos productos no contribuyan a seguir degradando los ecosistemas forestales. La UE está dispuesta a asumir su responsabilidad”, ha explicado el ministro checo de medio ambiente, Marian Jurecka.

Los eurodiputados han logrado además introducir durante las negociaciones del trílogo la noción de que las empresas tengan que comprobar además que cumplen con la legislación del país de producción, incluidos los derechos humanos, y asegurarse de que se respetan los derechos de los pueblos indígenas. También han logrado añadir más productos a la lista inicial al incluir el caucho, el carbón vegetal, los productos de papel impreso y una serie de derivados del aceite de palma. Además, han arrancado una definición más amplia de degradación forestal que tendrá en cuenta también la conversión de bosques primarios o bosques de regeneración natural en plantaciones forestales u otras tierras arboladas así como la conversión de bosques primarios en bosques plantados.

Vigilancia por satélite y análisis de ADN

A partir de la información facilitada por las empresas, las autoridades competentes tendrán acceso a las coordenadas geográficas y realizarán controles. Por ejemplo, podrán utilizar herramientas de vigilancia por satélite y análisis de ADN para verificar el origen de los productos. Según consta en el acuerdo, los países de origen de los productos se clasificarán como de riesgo “bajo, estándar o alto” en un plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de la norma. Los controles a los operadores variarán en función de ese riesgo. Por ejemplo, serán del 9% para los considerados de riesgo alto (los Estados miembros tendrán controlar el 9% de los volúmenes totales), 3% para el riesgo estándar y 1% para aquellos considerados de riesgo bajo.

En cuanto a las sanciones por incumplimiento previstas, serán “proporcionadas y disuasorias”, y el importe máximo de la multa será de “al menos el 4% del volumen de negocios total anual en la UE” del operador o comerciante incumplidor. “No ha sido fácil pero hemos obtenido un resultado ambicioso antes de la COP15 sobre biodiversidad de Montreal”, ha celebrado el eurodiputado luxemburgués y ponente del informe, Christophe Hansen, en vísperas del inicio de la conferencia de la biodiversidad que se celebra en Montreal hasta el 19 de diciembre. Según Hansen, la legislación no solo ayudará a proteger los bosques de todo el mundo sino también los derechos de las poblaciones autóctonas.

Evaluaciones posteriores

La Comisión Europea evaluará, a más tardar un año después de la entrada en vigor de la legislación, si el ámbito de aplicación debe ampliarse a otros terrenos arbolados. Además, dos años después de la entrada en vigor analizará la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación a otros ecosistemas y materias primas, incluidas las tierras con elevadas reservas de carbono y alto valor de biodiversidad. Al mismo tiempo, la Comisión evaluará la necesidad de obligar a las instituciones financieras de la UE a prestar servicios financieros a sus clientes sólo si consideran que existe un riesgo insignificante de que esos servicios no provoquen deforestación.

Se trata de un problema especialmente acuciante en regiones tropicales y subtropicales de las tres grandes cuencas forestales del Amazonas (Sudamérica), Congo (África central) y el sudeste asiático, donde se debe principalmente a la expansión agrícola para la producción de varios productos básicos clave como la soja, la carne de vacuno y el aceite de palma, responsables de cerca del 80% de la deforestación tropical en todo el mundo.