Respuesta a la decisión del Supremo
La Generalitat ve "inaplicable" la anulación del proyecto lingüístico de dos escuelas catalanas
Educación sostiene que la ley del catalán y el decreto contra las cuotas dejan en papel mojado la resolución del Supremo
Prevé que el Alto Tribunal emita más sentencias contrarias a los planes lingüísticos de escuelas catalanas
El Govern minimiza la decisión del Supremo de rechazar dos proyectos lingüísticos de dos escuelas en Barcelona (Bogatell) y Abrera (Josefina Ibañez), por lo que estas deben aplicar el 25% de castellano. La secretaria general de Educación, Patricia Gomà ha subrayado que la sentencia es "inaplicable" debido a que la resolución del Supremo es posterior a un nuevo marco normativo, es decir la reciente ley y decreto aprobados en el Parlament y el Govern, contrarias a la aplicación de porcentajes de castellano en los centros escolares.
Gomà, en declaraciones a Catalunya Ràdio, destaca que el Supremo no valoró el fondo de la cuestión y recuerda que la actual situación legal prohibe el uso de porcentajes en favor de los criterios pedagógicos. Por este motivo, Educación tiene claro que los dos centros no han de aplicar esta resolución del Supremo.
El Supremo emitirá más sentencias sobre escuelas
El Govern prevé que el Supremo emita a partir de septiembre más resoluciones en la misma linea como las referidas a los dos centros de Barcelona y Abrera, dado que el Govern tiene planteados recursos. La Generalitat pide que se deje de "judicializar" la cuestión lingüística. La reciente reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat acordó apoyar la ley sobre el catalán en la escuela evitando la judicialización en esta materia. Sin embargo, días después el TSJC ha elevado al Constitucional las dos normas recientes del Govern y el Parlament por si incumplen el marco constitucional. Y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, integrante de la mesa de diálogo, ha advertido en una entrevista a EL PERIÓDICO, que el Gobierno está en contra del decreto aprobado por el Govern y duda de su constitucionalidad. El Departament d'Educació está convencido de que las normativas aprobadas recientemente se ajustan al marco legal.
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