Reunión de una hora y 45 minutos en la Moncloa y dos acuerdos

La mesa de diálogo logra avances parciales en desjudicialización y defensa del catalán

  • El Gobierno da por buena la ley del catalán en las escuelas y se compromete a reformar el reglamento del Senado y a impulsar el uso del catalán en la Eurocámara

  • Las dos delegaciones no avanzan en la reforma de la sedición porque no hay acuerdo. El Ejecutivo entiende que no hay hoy una “mayoría” suficiente pero el Govern no tira la toalla

DAVID CASTRO

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Fidel Masreal
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Juanma Romero
Juanma Romero

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Dos acuerdos muy satisfactorios, a ojos del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Dos primeros pasos positivos pero parciales, según la Generalitat. Así se valoran en ambas administraciones los dos pactos sellados en la tercera reunión de la mesa de diálogo Gobierno-Govern, celebrada este miércoles en la Moncloa. Pactos en favor de la desjudicialización del conflicto y en defensa del uso del catalán en la escuela y las instituciones. Dos pactos reflejados en sendos textos lo suficientemente genéricos para que ambas partes puedan subrayar el aspecto más favorable a sus intereses. Para el Ejecutivo, que los 'consellers' asuman que cualquier propuesta ha de respetar las instituciones y procedimientos democráticos es algo destacable. Para la Generalitat, que se negocien cambios legislativos para desinflamar la vía judicial del 'procés' y el Gobierno central apoye la reciente ley educativa contra las cuotas de castellano son dos avances significativos.

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Acuerdo de Gobierno y Govern para la protección del catalán (27 de julio de 2022)

Acuerdo de Gobierno y Govern para la protección del catalán

En cuanto a la llamada "desjudicialización", el documento [aquí en PDF] no incluye ninguna referencia concreta a lo que intenta lograr ERC: suprimir o rebajar la tipificación penal del delito de sedición, o modificar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, entre otras. En la comparecencia posterior a la reunión, que duró una hora y 45 minutos en la Moncloa, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue claro a la hora de reiterar que pese a la voluntad del Gobierno de "armonizar" este delito con el resto de la UE —es decir, rebajarlo—, el Gobierno no considera que exista esa mayoría parlamentaria a día de hoy, "lo cual no supone que no pueda haberla en algún momento". "Pero esas mayorías se han de trabajar sobre acuerdos concretos que tampoco existen ahora, por tanto estamos hablando de hechos futuros", señaló.

Un texto, dos visiones

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Acuerdo de Gobierno y Govern para superar la judicialización (27 de julio de 2022)

Acuerdo de Gobierno y Govern para superar la judicialización

En cambio, la 'consellera' de Presidencia, Laura Vilagrà, tras la reunión, afirmó que sí existe tal mayoría y dio como cierta la posibilidad de que se acabe aprobando. Fuentes de la delegación catalana apuntaron que "hay cosas que no se dicen, que se hacen", apuntando a la necesidad de seguir trabajando discretamente con el Gobierno. "Discreción" que también citó el ministro. De hecho, el principal mensaje de los 'consellers' es que el diálogo avanza a su ritmo, paso a paso. Y que el texto acordado fija la "voluntad" de las partes de que esa reforma sea aprobada, "en su caso", antes de fin de año. Es decir, antes de entrar en período electoral.

El ministro resalta que se renuncia a acciones "que saquen la política fuera del juego democrático"

Bolaños hizo hincapié en que se acordó que toda actividad institucional "debe llevarse a cabo de acuerdo a las instituciones y procedimientos democráticos". Es decir, que "se renuncia a acciones que saquen la política de las reglas del juego democrático", deslizando que se deja fuera toda acción unilateral. Para ERC, asumir este texto puede ser un hándicap en el seno del independentismo. Dirigentes de Junts criticaron enseguida los acuerdos alcanzados en la mesa, mientras Vilagrà se limitó a invitarlos a participar de la misma.

El acuerdo del catalán, más concreto

El acuerdo más concreto es el relativo al catalán [aquí en PDF], por el que el Govern sacó más pecho. Es un apoyo explícito del Gobierno a la reciente ley que aprobó el Parlament —con los votos de ERC, Junts, PSC y 'comuns'— como respuesta a la sentencia del TSJC que obligaba a impartir un 25% de castellano en las aulas catalanas. El texto apoya esta ley y sostiene que es plenamente constitucional y estatutaria. "Conseguimos que el Gobierno entierre el recurso sistemático a la batalla judicial contra el modelo educativo en Catalunya", se felicitaba Vilagrà. El ministro destacaba por su parte que esa ley es un ejemplo de lo que reivindica el Ejecutivo: "Acuerdos transversales y muy amplios", que acaben con el choque entre bloques. Pero si el Constitucional tumbara la ley catalana, habría que respetar su criterio, puntualiza el Ejecutivo. Se prevé en el documento, de hecho, una cláusula de escape: se resolverán por la "vía del diálogo y la negociación los conflictos que pudieran surgir".

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El Gobierno también se compromete a impulsar un mayor uso del catalán en las Cortes, pero fuentes del Ejecutivo se ciñen a lo que también está escrito: que el primer paso es la reforma del reglamento del Senado para que se amplíe allí su uso (no solo en las mociones, donde ya se utilizan los idiomas cooficiales, sino en el control y en el debate de leyes). También se promoverá el uso del catalán en el pleno del Parlamento Europeo así como poder ejercer el derecho de petición en catalán ante esta institución. Se trata de viejas aspiraciones catalanistas.

La cita transcurrió en un clima correcto y cordial, tras un período convulso por el 'caso Pegasus'. Por el Gobierno, participaron Bolaños, la vicepresidenta Yolanda Díaz (por Unidas Podemos); el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, y por parte catalana, además de Vilagrà, los 'consellers' de Empresa, Roger Torrent; Interior, Joan Ignasi Elena, y Cultura, Natàlia Garriga.