El pacto para blindar la inmersión en las escuelas, pendiente de Junts

Mientras la Generalitat pone en marcha a sus servicios jurídicos para presentar un recurso contra la interlocutoria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que le obliga a aplicar el 25% de castellano en las aulas en un plazo de dos semanas, los partidos que integran el Govern siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo se puede blindar el modelo de inmersión lingüística en la escuela catalana, tal y como prevé la actual ley de educación de Catalunya (LEC).

Así, la 'consellera' de Recerca i Universitats de la Generalitat, Gemma Geis, ha apostado este lunes por dar "una respuesta de país" ante el auto del TSJC, una respuesta que pasa, según ha dicho en varias ocasiones Junts (partido al que pertenece Geis), por integrar a la comunidad educativa y a las entidades de defensa de la lengua en ese acuerdo. Marta Vilalta, secretaria general adjunta y portavoz de ERC, ha insistido en que la modificación de la ley de política lingüística es ahora "más urgente que nunca", tras el "nuevo ataque" contra la lengua que ha llegado del TSJC. El también republicano Josep Gonzàlez-Cambray, 'conseller' de Educació ha aprovechado para pedir "el máximo consenso político, social y pedagógico" para defender el modelo de escuela catalana, asegurando que el próximo curso "habrá más catalán en las escuelas del que hay ahora". Y el president Pere Aragonès ha pedido en Twitter "máxima unidad" para "proteger" el modelo lingüístico en las escuelas de Cataluña, porque "ahora más que nunca hace falta consenso y sumar fuerzas".

Fuentes de Junts insisten en que el pacto a cuatro suscrito el pasado mes de marzo en el Parlament para actualizar la ley lingüística y blindarla jurídicamente debe contar también con el apoyo de la comunidad educativa y las entidades en defensa de la inmersión. Junts guarda sus cartas respecto a qué modificaciones concretas plantea al redactado acordado con Esquerra, los socialistas y los 'comuns', si bien hay dos cuestiones básicas: la protección de los directores de centros educativos y docentes, ante conflictos legales, y por otra parte afinar más el redactado actual respecto a la inmersión. Con todo, Junts sostiene que lo acordado entre las cuatro fuerzas en ningún caso significa un retroceso del catalán respecto a la ley vigente, porque el castellano ya es lengua de aprendizaje, según la LEC.

La incógnita es saber cuánto tiempo requerirá Junts para lograr o no este acuerdo, que ha convertido en condición 'sine qua non' para seguir estampando su firma y, sobre todo, sus votos en la decisiva votación del Parlament cuando el asunto se ponga en el orden del día de un pleno parlamentario. Junts sostiene que es necesario contar con más apoyos pero la comunidad educativa es plural, y va desde la escuela concertada al sindicato Ustec. Y en las entidades en favor del catalán tampoco hay unanimidad.

Todo ello llega además en un contexto convulso internamente para Junts, a las puertas de cambiar su dirección en el congreso del 4 de junio y con negociaciones internas entre figuras como la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha participado en actos en contra de la modificación de la ley de normalización que Junts inicialmente firmó.

Suscríbete para seguir leyendo