Conflicto lingüístico

Educació recurrirá la orden del TSJC que le obliga a impartir el 25% de clases en castellano

  • Desde el independentismo se insta al Departament d'Educació a desobedecer al tribunal

Josep Gonzàlez-Cambray.

Josep Gonzàlez-Cambray. / ACN / MARIA BÉLMEZ

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Montse Baraza
Montse Baraza

Periodista

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El TSJC ha dado al Departament d'Educació 15 días para aplicar de forma "inmediata" la sentencia que obliga a impartir el 25% de castellano en todas las escuelas de Catalunya. El tribunal subraya que ese porcentaje se debe cubrir con la asignatura de lengua castellana y con otra asignatura troncal que deberá darse también en castellano. No le han servido las explicaciones que el 'conseller' Josep Gonzàlez-Cambray dio al tribunal el pasado marzo cuando en un escrito de respuesta señaló que el castellano iba a estar contemplado en los proyectos lingüísticos escolares. No hacía Cambray referencia a ningún porcentaje ni daba ninguna explicación clara y concreta de cómo pensaba cumplir lo que dicta la sentencia.

Este lunes, tras conocer la resolución del tribunal aceptando la legitimidad de la plataforma por el bilingüismo AEB, que exigía el cumplimiento forzoso de la sentencia. Cambray ha comparecido ante los medios para dejar clara la postura de la 'conselleria' y del Govern. Ha anunciado que Educació presentará un recurso de reposición contra una "interlocutoria aberrante a nivel pedagógico y jurídico". Educació tiene cinco días para presentar este recurso.

El 'conseller' considera que el tribunal se "ha extralimitado en sus funciones" y que en esta resolución "va más allá de la sentencia". Ha subrayado que "dos de los cinco magistrados --uno de ellos el ponente de la sentencia-- han presentado un voto particular" cuestionando la interlocutoria. Cambray también ha rechazado que AEB tenga legitimidad en la causa.

Ha enviado un mensaje de tranquilidad a las direcciones de las escuelas. No deberán hacer cambios y tendrán el escudo jurídico de la Generalitat. "Seguid como hasta ahora. No cambia nada", les ha dicho.

Modificar la ley de política lingüística

La patronal de la escuela cristiana concertada FECC ha urgido a los partidos políticos en el Parlament a aprobar ya la modificación de la ley de política lingüística que debía blindar la escuela catalana. ERC, PSC, 'comuns' y Junts llegaron a un acuerdo lingüístico pero Junts se desmarcó y el proyecto quedó en el aire.

Preguntado por este asunto, encallado en el Parlament, Cambray no ha detallado cuándo espera que se apruebe, aunque ha insistido en la necesidad de un consenso amplio y ha asegurado que "bienvenida será" cualquier iniciativa que blinde, a su juicio, el modelo.

Desde los partidos políticos, ERC y PSC han reprochado a JxCat de nuevo que se descolgara del preacuerdo para reformar la ley de política lingüística, que estaba pensado para poder canalizar la sentencia del 25 % de enseñanza en castellano sin desmontar el modelo de escuela catalana. La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido a JxCat que sus "disputas internas" no "hipotequen" la defensa del catalán y la inmersión lingüística en la escuela, ya que ha advertido de que es "imprescindible y urgente" hacer frente a las "injerencias judiciales".

Por su parte, la diputada del PSC Esther Niubó ha acusado a JxCat de haber antepuesto sus intereses particulares al pacto para modificar la ley de Política Lingüística, unos cambios que desde el sindicato CCOO han pedido ahora acelerar.

Llamadas a la desobediencia

Desde el independentismo, han llamado a Educació a desobedecer al TSJC. El diputat de la CUP Carles Riera ha opinado que es "la hora de la desobediencia" "contra la segregación escolar, por la cohesión social y por el derecho a la lengua catalana".

En la misma línea, el sindicato de profesores Ustec, mayoritario en la escuela pública catalana, ha hecho una llamada a no acatar la sentencia. Su portavoz, Iolanda Segura, ha señalado que "acatar el fallo no es una opción". "Lo que ha de hacer el 'conseller' es no acatar. La única opción es la desobediencia".

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"No podemos permitir que los tribunales decidan la política lingüística de Catalunya y de sus escuelas", ha advertido Segura, que opina que si se aplica la sentencia "será la muerte de la inmersión y de la vehicularidad del catalán".

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha criticado la orden del TSJC y ha opinado que "la intromisión de las togas en las aulas es intolerable y antidemocrática". "No podemos permitir que la arbitrariedad y la presión de una representación del 0,01% del alumnado acabe con el criterio pedagógico, la convivencia y el sentido común", ha señalado, instando a salir en defensa de la escuela catalana.